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15/08/2020. 05:03:17

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El Gobierno tendrá que destinar 95 millones de euros para cumplir una sentencia del Supremo por favorecer al carbón frente al gas

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El Gobierno ha autorizado a aplicar un total de 95.583.480 euros del Fondo de Contingencia para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo de 2010 sobre la asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). Según el acuerdo alcanzado el viernes por el Consejo de Ministros, este importe servirá para financiar un crédito extraordinario en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para cumplir la sentencia del 7 de diciembre de 2010 del Alto Tribunal, relativa a la asignación individual de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Asignación 2008-2012.

Soraya Sáenz de Santamaría

El Tribunal Supremo concluía que el Plan Nacional de asignación de emisiones de los gases de efecto invernadero 2008-2012 favoreció a las centrales de carbón en detrimento de las de gas de ciclo combinado. Cabe recordar que la citada resolución del Supremo estimaba el recurso presentado por Iberdrola contra el Real Decreto 1030/2007 y el Real Decreto 1402/2007, por los que se aprobó el Plan Nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 2008-2012 y contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007, que fijó la asignación individual de estos gases.

Un trato de favor "sin justificación"

El acuerdo de asignación afectaba a un total de 1.005 instalaciones pertenecientes a diversos sectores industriales y al sector energético. Según concluían los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, "se ha producido un trato de favor de las centrales de carbón en perjuicio de centrales de gas que no tiene ninguna justificación en el ámbito de las reducciones de emisiones de CO2". Profundizando en la cuestión, el dictamen recordaba que el objetivo de este plan es "restringir y limitar" las emisiones de estos gases para hacer frente al cambio climático, de modo que el apoyo al carbón "resulta ajeno al medio ambiente, pues no se corresponde con tal finalidad premiar a las centrales que realicen más emisiones de CO2".

"El apoyo al carbón nacional, en definitiva, encuentra su sede natural en el Plan de la Minería y en las ayudas del Estado, pero es ajeno al Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión y resulta contradictorio con su propia finalidad y fundamento", explicaba la sentencia. Además, el Supremo recordaba que ya el 26 de febrero de 2007 la Comisión Europea se pronunció sobre la asignación de emisiones de CO2, considerando "conveniente revisar hasta qué punto el especial trato de favor que recibe el carbón frente al ciclo combinado ofrece el riesgo de ser considerado ayuda de Estado".

Declaraba nulos cinco apartados

En concreto, el Supremo declaraba la nulidad de cinco apartados de los dos Reales Decretos y de la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero aprobada por el Consejo de Ministros. Respecto a esta última, concluía que el acto de asignación "carece de cobertura normativa respecto de la metodología seguida para la fijación de la asignación, una vez declaradas nulas las normas citadas en los reales decretos impugnados".

Iberdrola recurrió la metodología empleada para realizar la asignación de los derechos de emisión a las centrales de carbón, al considerar que no se ajustaba a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento y del Consejo. En este sentido, la eléctrica denunció que el Gobierno había dado un trato de favor a las centrales de carbón y las centrales que han llevado a cabo desulfuración, en detrimento de las centrales de gas de ciclo combinado. Esta desventaja se puso de manifiesto en los criterios de las horas de utilización y el factor de emisión de las centrales.

Otros 3,9 millones para cumplir con más sentencias

Además de los citados 95 millones de euros, el Consejo de Ministros aprobó recurrir al Fondo de Contingencia por importe total de 3.924.790 euros para dar cumplimiento a otras resoluciones judiciales y administrativas. Son las siguientes:

  • 3.090.067,94 euros para la financiación de un suplemento de crédito en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el correspondiente crédito extraordinario en el presupuesto del organismo "Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos" de dicho departamento ministerial, para el pago de la liquidación del justiprecio fijado por resolución del Jurado de Expropiación Forzosa de Barcelona de 29 de febrero de 2016, así como los intereses de demora correspondientes, de una finca que resultó expropiada para proceder a la construcción de facultades e instalaciones complementarias de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
  • 834.723,54 euros para financiar un crédito extraordinario en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para atender al cumplimiento de diversas sentencias del Tribunal Supremo, en las que se estiman diversos recursos interpuestos frente al Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015, por el que se desestimaron las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, con sustento en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 27 de febrero de 2014 en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

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