El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves, con el único voto del PP, al proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la norma en la que el PP enmienda el proyecto aprobado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2013 destinado a mejorar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La nueva LOPJ amplía de cinco a siete el número de vocales del órgano de gobierno de los jueces que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva, y elimina la obligatoriedad de que su Comisión de Igualdad sea presidida por una mujer.
Durante el debate previo a la aprobación de la norma, el portavoz de la Comisión de Justicia del PP, José Miguel Castillo Calvín ha defendido esta última modificación y ha destacado que obligar a que esta comisión tenga una presidencia supondría "diferenciar por sexo" y no resultaría igualitario.
Castillo ha destacado, además, que los cambios introducidos en el CGPJ se realizan a propuesta del propio órgano de gobierno de los jueces y ha puesto de manifiesto que el trámite parlamentario ha aportado mejoras sustanciales en la ley, con la aprobación de 60 enmiendas, 25 de ellas de los grupos de la oposición.
OCASIÓN PERDIDA
La mayor parte de los grupos de la oposición han coincidido en calificar la reforma como "una ocasión perdida" y han indicado que ha dejado en el tintero numerosas "asignaturas pendientes" evidencias en las enmiendas presentadas al texto que han defendido durante el debate.
Así, la portavoz socialista de Justicia, Rosa Aguilar, ha indicado que se ha aprobado "con prisas" y sin dar una "oportunidad cierta al diálogo, al acuerdo y al consenso".
Por su parte, Joan Baldoví de Compromís Equo, se ha referido a la Justicia Universal y ha precisado que "no hubiera estado mal" haberla recuperado en este texto. Su compañera de grupo, la representante de BNG Olaia Fernández Dávila, ha precisado, por su parte que la modificación de la norma no se aprovecha para resolvdr las necesidades de falta de Juzgados y personal en algunas regiones de España.
Emilio Olabarría, del PNV ha asegurado que
se trata de una simple reforma parcial y ha reclamado el control autonómico de
las funciones de los secretarios judiciales y forenses, mientras que en opinión
del diputado de UPyD Martínez Gorriarán la nueva ley carece "de ambición
política".
MEJOR REPARTO DEL TRABAJO
El PP defiende que la LOPJ ofrece mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales, a través de una mayor especialización en los tribunales y un mejor reparto de asuntos. La reforma intenta lograr un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de los órganos judiciales de ámbito provincial.
Para ello, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto para equilibrar la distribución de asuntos en determinados juzgados. Además, se incluye un sistema que permitirá al CGPJ especializar uno o varios órganos judiciales, de forma temporal, si así se determina en función del cúmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen y que puedan ser tramitados por un mismo órgano judicial, lo que facilitará la unificación de criterios y la agilización en las resoluciones.
Respecto a la instrucción de las causas penales de especial complejidad y con intención de auxiliar al instructor y una vez que el juez lo haya solicitado al CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces podrá acordar la adscripción al instructor de uno o varios jueces o letrados de la Administración de Justicia –nueva denominación de los secretarios judiciales–, con o sin relevación de funciones, para que bajo la dirección del titular del órgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores colaboración, asistencia y asesoramiento, pero sin funciones jurisdiccionales.
EUROJUST
El Congreso también ha aprobado, en este caso casi por unanimidad, el proyecto de Ley que adapta la legislación española sobre Eurojust a la normativa europea, adecuando el número de integrantes, funciones y competencias de la delegación española en este organismo.
La norma sobre este órgano creado en 2002 por el Consejo de la Unión Europea con el objeto de reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia transnacional, define el canal de intercambio de información entre los miembros de este espacio de cooperación europea y las distintas autoridades nacionales, de manera que esa transmisión se produzca a través de un sistema organizado y con plenas garantías de seguridad.
