El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que regulará el funcionamiento del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, más conocido como Tasa Google, especialmente los mecanismos de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales de los contribuyentes de dicho impuesto.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, en vigor desde el 16 de enero de 2021, fue aprobado el pasado 15 de octubre de 2020, en el contexto del proceso de digitalización de la economía mundial, y tiene su origen en la propuesta de Directiva comunitaria de marzo de 2018 para gravar determinados servicios digitales.
Este impuesto, de carácter indirecto, grava las prestaciones de determinados servicios digitales: publicidad en línea, intermediación en línea y la venta de datos generados por los usuarios. Según afirma el Ejecutivo, en estos servicios existe una participación de los usuarios que constituye una contribución al proceso de creación de valor de la empresa que presta los servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.
El impuesto afecta a aquellas empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Estos umbrales con criterios objetivos ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no estén afectadas por este tributo.
El Real Decreto que ahora se aprueba es la norma reglamentaria que desarrolla algunos aspectos de la Ley de este impuesto. En concreto establece las reglas de localización de los usuarios y las obligaciones formales de los contribuyentes del impuesto.
Normas sobre localización de los dispositivos
En primer lugar, se desarrollan las normas sobre localización de los dispositivos de los usuarios, partiendo de la previsión legal de que las prestaciones de servicios digitales se entienden realizadas en territorio español cuando el usuario se encuentre en el mismo, estableciéndose una serie de normas específicas para cada uno de los servicios digitales, que están basadas en el lugar en que se han utilizado los dispositivos, siendo ese lugar el de su localización. Se presume que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización.
Con la finalidad de concretar dicho lugar, se establece que el lugar de localización del dispositivo vendrá dado por todos los detalles de la dirección que use la tecnología de geolocalización empleada.
Asimismo, se enumeran algunos de los medios de prueba que podrán utilizarse para demostrar que el lugar de localización es diferente al que indica la dirección IP.
Obligaciones formales de los contribuyentes
En segundo lugar, se desarrollan las obligaciones formales de los contribuyentes. Estas obligaciones incluyen:
•La llevanza de registros.
•La elaboración de una memoria descriptiva.
•El establecimiento de sistemas, mecanismos o acuerdos para la localización de los usuarios.
