En España “la ineficiencia, ineficacia, despilfarro y corruptelas no están suficientemente controladas”

El informe de Transparencia Internacional hecho público ayer es la primera evaluación global de la capacidad de los países europeos de luchar contra la corrupción, investigando más de 300 instituciones nacionales de los 25 estados. El informe confirma que tres cuartas partes de los europeos consideran la corrupción un problema creciente en su país, según muestran las encuestas de la Unión Europea. De hecho, el año pasado se llevaron a cabo juicios de corrupción de alto perfil en Francia e Italia. Los escándalos políticos de corrupción implicaron gastos de miembros del parlamento (Reino Unido), fraude de pensiones (Noruega), clientelismo (República Checa, Rumania) y conflictos de interés (Bulgaria, Finlandia, Eslovenia).

Los partidos políticos, las empresas y la administración pública han obtenido las peores puntuaciones en la lucha contra la corrupción y actos ilícitos; mientras que los auditores estatales, defensores del pueblo y los organismos encargados de las elecciones fueron las que alcanzaron un mejor desempeño. El informe también muestra que Europa dispone de fuertes sistemas legales y bien desarrollados.

De todos modos, hay demasiados gobiernos que no rinden cuentas suficientemente en tema de finanzas públicas y contratos públicos (el valor de éste último asciende a 1,8 billones de dólares en la UE cada año). Peor aún, sólo dos países realmente protegen adecuadamente a los denunciantes contra las represalias en el caso de que decidan pronunciarse contra el crimen u otra conducta no ética.

España

Según datos del CIS conocidos también ayer, los jueces son los profesionales del sector público que menos confianza inspiran a los ciudadanos. Concretamente, al 58,2% de los españoles los jueces le inspiran "poca" o "ninguna" confianza. ¿Quiere saber lo que está pasando en el CGPJ? 

Acerca de los jueces, el informe de Transparencia Internacional dice que "el órgano de control de los jueces está fuertemente politizado y los miembros de los Tribunales superiores se nombran con una relativa influencia política. Por ello, existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos. Los puntos débiles más importantes son, sobre todo, la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo, así como la débil rendición de cuentas existente en la práctica, no tanto en la norma, donde existen regulaciones mejorables, pero suficientes. Los jueces actúan normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la esporádica irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas".

¿Cómo se valora a la sociedad española? De una manera significativamente ramplona: "La sociedad civil en España es débil, por lo que su capacidad de controlar al gobierno y de influir en la políticas públicas es reducido. No obstante, normativamente tiene independencia y capacidad de obtener recursos, aunque en la práctica depende aún demasiado de los poderes públicos. Ha mejorado mucho en sus niveles de transparencia, rendición de cuentas e integridad".

Puntos de mejora

Algunos de los puntos  que propone Transparencia Internacional son:

1. Mejorar la independencia del legislativo y la rendición de cuentas de los legisladores con respecto a su distrito electoral, sin caer en un sistema imprevisible y caótico en el apoyo al gobierno; para ello, la introducción de algunas modificaciones en el sistema electoral (desbloqueamiento de las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad, por ejemplo) podrían contribuir a estimular un funcionamiento interno más democrático de los partidos y a favorecer la rendición de cuentas de los representantes ante sus representados si se unen a otras medidas que refuercen la accountability.

2. Despolitizar los órganos superiores del poder judicial. El establecimiento de una carrera judicial con criterios claramente meritocráticos y objetivos podría ser una solución para el acceso a los puestos en los tribunales superiores.

3. Mejoras procesales para hacer más eficaz la persecución de la corrupción. Tal vez la encomienda a los fiscales de la investigación haría más viable el sistema. En todo caso, una reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal parece imprescindible. Todo parece indicar que se hará.

4. Aprobar una ley de responsabilidad judicial. En ella, se incorporarían prácticas ya existentes, como la comparecencia del presidente del CGPJ ante las Cámaras anualmente o el desarrollo de las estadísticas judiciales y se deberían regular de forma más eficaz las responsabilidades por errores y dilaciones indebidas.

5. Una Ley de Acceso a la Información que garantice efectivamente la transparencia de nuestras instituciones públicas; para ello, además, debería constituirse un órgano independiente que garantizase la efectiva implantación de la misma.

6. Aprobar una Ley de Rendimientos del Gobierno que obligue a todos los organismos públicos a elaborar un plan estratégico y presentarlo al Congreso, con una rendición de cuentas anual de su cumplimiento.

7. Creación de una Dirección Pública profesional, inspirada en los modelos de  "Senior Executive Service ", que garantice la calidad de los nombramientos en los cargos de hasta Director General y la protección frente a ceses partidistas. Es imprescindible eliminar la libre designación como instrumento de nombramiento y cese en la Administración Pública.

8. La Fiscalía debería reforzar su independencia con respecto al gobierno, sobre todo si va a desarrollar actividades de instrucción de las causas penales. Desde luego la Fiscalía anticorrupción necesitaría de alguna manera reforzar la protección de su independencia. Los policías y guardias civiles que persiguen la corrupción, sobre todo quienes dirigen esas unidades, deberían tener un nivel especial de protección frente a ceses injustificados profesionalmente.