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13/12/2024. 00:37:23
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Exceptuados de las operaciones de cierre presupuestario los contratos para la Justicia Digital

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El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó tres Acuerdos por los que se autoriza exceptuar la aplicación de la Orden del Ministerio de Hacienda del pasado 14 de julio que regulaba las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, a diversos expedientes de contratación de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, Interior y Fomento. Se trata de contratos para la ruta aérea Menorca-Madrid, suministro de combustible, energía eléctrica, seguridad en edificios públicos, administración electrónica y Justicia Digital y traslado de personas extranjeras o ejecución de repatriaciones.

Soraya Sáenz de Santamaría

De las operaciones que se ha autorizado exceptuar, cabe destacar las que afectan a la Justicia Digital. Se trata de contratos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas basados en el acuerdo marco para los servicios de desarrollo de sistemas de administración electrónica para la implantación de la "Justicia Digital" e intercambio de expedientes y con el mantenimiento de la sección de trámites del Portal Punto de Acceso General (PAG):

Respecto a la "Justicia Digital", el 1 de enero de 2017 entra en vigor la obligación de remisión de los expedientes administrativos en formato electrónico a los órganos judiciales. Para ello, es imprescindible previamente efectuar pruebas y preparar la documentación técnica necesaria para todas las Administraciones Públicas.

De forma análoga, es imprescindible el contrato de mantenimiento para la sección del Portal PAG que da acceso a todos los trámites y procedimientos de la Administración General del Estado inventariados en el Sistema de Información Administrativa (SIA) así como los de las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

Ministerio del Interior

En cuanto al Ministerio del Interior, se exceptúa la tramitación del contrato de servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de personas extranjeras en aplicación de medidas relacionadas con el ingreso en centros de internamiento de extranjeros o de ejecución de repatriaciones a sus países de origen.

El pasado 26 de abril se adjudicó el contrato a una de las dos empresas que concurrieron a la licitación, pero la resolución fue recurrida por la empresa que no resultó adjudicataria, recurso que fue estimado, con lo que se tuvo que retrotraer el procedimiento al momento anterior al en que los recurrentes fueron excluidos.

Ministerio de Fomento

Se exceptúa la adjudicación del contrato del servicio de transporte aéreo regular sometido a obligaciones de servicio público en la ruta Menorca-Madrid en temporada baja. De esta forma, próximamente tendrá lugar la adjudicación del contrato y la empresa adjudicataria comenzará a prestar el servicio el próximo 1 de octubre, según las previsiones del mismo, que tendrá una duración de dieciséis meses, con un importe de dos millones de euros.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Además de los relativos a la tramitación electrónica, se exceptúan los contratos basados en el acuerdo marco para la adopción de tipo de los suministros de combustibles en estaciones de servicios para el lote 1 (Península e Illes Balears). Se autoriza la excepción dado el perjuicio que se puede ocasionar para el funcionamiento ordinario de servicios públicos básicos, como la seguridad o la defensa.

  • Los contratos basados en el acuerdo marco para la adopción del tipo del suministro de energía eléctrica. Procede la nueva licitación o prórroga de los contratos que finalizan entre agosto y diciembre. La Administración requiere de forma continuada el suministro de electricidad y la no tramitación de los contratos supondría que el citado suministro careciera de cobertura contractual.
  • Contrato de expediente de servicio de seguridad integral y de auxiliares de control en edificios de la Administración General del Estado. Se considera que la no prestación del servicio generaría una situación de riesgo grave, tanto para las instalaciones, como para la seguridad de las personas que prestan servicios en los inmuebles.

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