El pasado 9 de febrero el Senado aprobó con cambios el proyecto de ley de reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La norma, que transpone la directiva comunitaria de 2019 conocida como Whistleblowers, tendrá que volver al Congreso para ser ratificada definitivamente previsiblemente el próximo jueves 16 al haber introducido la Cámara Alta enmiendas al texto. La ley entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE. A partir de ese momento,la ley obligará a todas las empresas de más de 50 trabajadores y las administraciones públicas a disponer de un canal de denuncias interno.
Las Administraciones Públicas, organismos, y las entidades obligadas deberán contar con su propio sistema interno de comunicación en un plazo máximo de tres meses. Para las empresas de menos de 250 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes el plazo se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023.
La norma fue remitida a Las Cortes como anteproyecto tras el Consejo de Ministros del pasado 13 de septiembre. Regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional y, en consecuencia, que contribuyan a la lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).
El texto contempla sanciones de hasta un millón de euros para quienes adopten represalias contra las personas que denuncien un hecho. También se sancionarán a quienes presenten denuncias a conciencia de que son falsas. En concreto, con multas de hasta 300.000 euros, en el caso de personas físicas; y de millón de euros, en el caso de las personas jurídicas.
En concreto, en su paso por el Senado la ley recibió 147 votos a favor frente al rechazo de 106 senadores y las abstenciones de cuatro parlamentarios. Los cambios que se han introducido en la norma son fruto de un acuerdo transaccional entre varios grupos, que obligan a la ley a volver al Congreso para que dé su visto bueno a las enmiendas. En todo caso, ya se ha iniciado la cuenta atrás definitiva.
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