A pesar de que las estimaciones, por la propia esencia de las mismas, carecen de capacidad para medir el impacto exacto que la actual crisis sanitaria tendrá en la reactivación de la Justicia, todos los agentes implicados: el Ejecutivo, con el Ministerio de Justicia al frente, el Poder Judicial y los profesionales jurídicos, coinciden a la hora de señalar que habrá que hacer frente a un aumento significativo de la litigiosidad. Se anuncian cuatro millones de demandas de las que, en su mayor parte, quizás más de la mitad, se ingresen en los juzgados de lo Social y de lo Mercantil, y el resto en los juzgados y tribunales de los demás órdenes.
Los factores que influyen en dicho incremento son, a alto nivel, tres. Por un lado, la ralentización, que en determinadas fechas estuvo cerca de la paralización, de la actividad de los órganos jurisdiccionales durante la crisis. Por otro, los asuntos derivados de las medidas extraordinarias que se han tenido que adoptar. Por último, los originados a raíz de la difícil coyuntura económica, que se prolongará mucho más allá de la finalización del estado de alarma. También está previsto que la distribución de esa excepcional carga de trabajo para los juzgados y tribunales no sea uniforme, sino que abundará sobre los de aquellos territorios con mayor capacidad industrial y de servicios.
Un reto hasta ahora desconocido
Para hacer frente a esta situación, que conlleva un reto hasta ahora desconocido, el Ministerio de Justicia inició a finales de junio una ronda de consultas para presentar el plan de actuación comprometido en el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Aunque el incremento de la litigiosidad afectará a todos los órdenes jurisdiccionales, los responsables de la Administración de Justicia consideran que tendrá un mayor impacto en algunos concretos, como el Social, el Contencioso-administrativo y el Civil-Mercantil. Según las estimaciones del Ministerio de Justicia, el incremento en la entrada de asuntos estará próximo al 140 % en la jurisdicción Social, del 145 % en la jurisdicción Civil-Mercantil y del 125 % en la Contencioso-administrativa.
Medidas de refuerzo especiales para los juzgados
Por estos motivos se han previsto medidas de refuerzo especiales para los juzgados de dichos ámbitos, que se activarán y desplegarán en dos fases a partir del próximo 1 de septiembre. Cabe recordar no obstante que ya existen medidas previas a dicho plan, como las previstas en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, por el que se declaran hábiles los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020 para todas las actuaciones judiciales que, a efectos del artículo 183 de la LOPJ, se declaran urgentes.
Sin embargo, a pesar de que el citado Real Decreto-ley habilitó parte del mes de agosto para hacer frente al colapso en la Justicia cuando se levante el estado de alarma, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomienda a jueces y magistrados que concentren sus vacaciones durante ese mes “para poder intensificar en los meses de julio y septiembre la celebración de juicios y comparecencias”. Esta medida busca, entre otros objetivos, permitir a los profesionales jurídicos conciliar su vida familiar y profesional, en línea con lo que había sido solicitado desde la abogacía.
Tal y como hemos adelantado, se pretende, por lo tanto, reforzar aquellos órganos judiciales que afrontarán el mayor incremento de entrada de asuntos, con el objetivo de que recuperen, de forma paulatina, la normalidad en su actuación, reduciendo en lo posible la pendencia acumulada.
Dos fases diferenciadas
Según informó el Gobierno, el plan de refuerzo establece una actuación en dos fases diferenciadas:
- Primera fase: Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020 los apoyos se concentrarán en los órganos judiciales de los órdenes Social y Mercantil con una carga de trabajo superior al 130 % del módulo establecido por el CGPJ.
- Segunda fase: A partir del 1 de enero de 2021 se contará con datos más completos del impacto de la crisis, lo que permitirá definir la extensión de las medidas a aplicar en esta fase que afectarán a las tres jurisdicciones.
Se adoptarán, por un lado, medidas de autorrefuerzo, que consistirán en el establecimiento de un programa concreto de actuación por objetivos para personal destinado en el propio órgano que percibirá por ello una retribución extraordinaria. Podrán participar el titular del órgano judicial, un letrado de la Administración de Justicia, dos gestores/tramitadores y un auxilio judicial por órgano. A priori, esta medida está destinada a dar cobertura a 229 órganos de lo Social (64,31 % del total) y a 86 órganos Mercantiles (86 % del total de la jurisdicción).
Además, mediante medidas de refuerzo externo, se apoyará al órgano judicial con personal que no está destinado en la sede. Se nombrará para ello a un juez, un letrado de la Administración de Justicia (Social) o uno por cada dos jueces (Mercantil), dos gestores y dos tramitadores por órgano, y un auxilio judicial por cada cuatro equipos. Se reforzarán con estas actuaciones 57 órganos de lo social (16,01 %) y 66 juzgados de lo Mercantil (66 %) pero se podrá extender su aplicación a otros órganos en función de su pendencia.
Finalmente, se establecen medidas estructurales consistentes en la puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales, cuya creación estaba prevista con anterioridad al estado de alarma. Ello contribuirá de manera natural a absorber y minimizar el impacto del incremento de asuntos.
Jurisdicciones Social y Mercantil
En el ámbito de la jurisdicción Social, el objetivo a conseguir será la resolución de, al menos, 145 procedimientos mensuales en cada juzgado. Si se trata de refuerzos externos, el objetivo consistirá en la realización de las actuaciones procesales debidas para el señalamiento y resolución de más de un centenar de procedimientos mensuales de carácter preferente.
En el ámbito de lo Mercantil, el objetivo de la primera fase será la resolución de los procedimientos de menor complejidad, pero que suponen un elevado porcentaje en la carga de trabajo del juzgado. Con las medidas de autorrefuerzo se tratará de incrementar la resolución de los asuntos por reclamaciones aéreas en un 20 %. El objetivo de las medidas de refuerzo externo consistirá en la realización de las actuaciones para la resolución de, al menos, 180 procedimientos mensuales en materia de reclamaciones aéreas.
