El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación del Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. Según el Ejecutivo, esta nueva norma, que actualiza el contenido del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, “armoniza el ordenamiento jurídico español con la normativa europea”.
Cabe destacar que esta modificación ya había sido criticada con carácter previo por algunos colectivos de la profesión como por ejemplo los Consejos de Procuradores de Cataluña, Galicia, Valencia y el Colegio de Procuradores de Madrid. Para el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya la propuesta resulta a todas luces inadecuada a la realidad actual, tanto desde el punto de vista procesal como, sobre todo, desde el punto de vista del mercado de prestación de servicios que impone.
El real decreto aprobado recoge que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso, no podrá exceder de 75.000 euros. Además, el sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas. La norma es el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, que ha sido publicado en el BOE de hoy.
Del mismo modo, excepcionalmente y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procuradorde manera extraordinaria.
El Gobierno afirma que el nuevo real decreto se articula a partir de la negociación del precio de prestación del servicio entre el procurador de los tribunales y su cliente, en un entorno libre de competencia, sin perjuicio de la existencia de un arancel máximo que sirva de protección al consumidor y de la obligatoriedad de presentar, por parte del procurador de los tribunales a su cliente, un presupuesto previo.
