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12/08/2022. 16:20:46

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Tratan de sacar a flote el empleo sumergido con un Real Decreto

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También está en proceso la reforma de la Ley de Inspección de Trabajo.

En líneas generales, el Plan encuentra su fundamento en los efectos negativos para el mercado del empleo sumergido o no declarado por la competencia desleal que tales situaciones generan respecto de la gran mayoría de las empresas que actúan en el marco de la legalidad común, así como para las posibilidades de recuperación económica y de logro de los objetivos nacionales de reducción del déficit público.

Un flotador de salvavidas.

El Real Decreto articula medidas de distinta naturaleza dirigidas a propiciar el afloramiento del trabajo no declarado, para restablecer los equilibrios y eliminar los perjuicios. Pretende también recuperar y mejorar el nivel de justicia y solidaridad social en nuestro mercado de trabajo y en la economía española, al tiempo que potenciar los mecanismos de control como instrumentos de disuasión y de reacción frente a la ocultación y precarización de las relaciones laborales.

Las medidas legislativas urgentes incluidas en el Real Decreto Ley parten de la apertura de un proceso de regularización voluntaria del empleo irregular de trabajadores, que va desde la fecha de entrada en vigor de la norma hasta el 31 de julio de 2011.

Durante este proceso las empresas que decidan acogerse voluntariamente deberán proceder a comunicar el alta de los trabajadores en la Seguridad Social dentro del plazo señalado.

Transcurrido el plazo del proceso de regularización voluntaria, la norma establece un endurecimiento de las sanciones administrativas relacionadas con las conductas fraudulentas de empleo irregular o sumergido en sus distintas variantes o modalidades.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha explicado las líneas generales de este Real Decreto Ley con el que "se persigue la regularización y el control del empleo sumergido".

Para el ministro se trata de "una medida sencilla, ya que a partir de la entrada en vigor de este Decreto Ley, y durante tres meses, se mantendrán las actuales penalizaciones para trabajadores y empresarios en caso de que mantengan empleo irregular".

Según ha señalado el ministro de Trabajo, "las medidas urgentes incluidas en el Real Decreto Ley tiene como objetivo la apertura de un proceso de regularización voluntaria". Este periodo voluntario se contabilizará desde la fecha de entrada en vigor de la norma hasta el 31 de julio de 2011 y durante este proceso las empresas que decidan acogerse voluntariamente deberán proceder a comunicar el alta de los trabajadores en la Seguridad Social.

Reforma de la Ley de Inspección de Trabajo

El ministro también ha informado de que el Gobierno ha aprobado "en primera lectura la remisión al Consejo Económico y Social de una nueva reforma de la Ley que ordena la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que pretende adaptar el cuerpo de la Inspección de Trabajo a la nueva realidad autonómica. Se trata de mantener una estructura unificada y coherente".

El ministro ha asegurado que este Anteproyecto tiene como objetivos reforzar la Inspección de Trabajo, convirtiéndola en un instrumento más especializado, y dotar a esta Inspección de una organización más adecuada.

Valeriano Gómez ha señalado que "con estas medidas de afloramiento del empleo sumergido, puestas en relación con el proceso de reforma de la Inspección de Trabajo y con las medidas puestas en marcha con el Plan de Choque de fomento y contratación a tiempo parcial de jóvenes y parados de larga duración, el Gobierno ha puesto en marcha un paquete importante de medidas en un muy corto espacio de tiempo, que permitirán estimular el crecimiento económico".

El ministro de Trabajo e Inmigración también ha informado de la aprobación por el Gobierno de la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2012. Se trata de una reivindicación histórica de estos trabajadores (820.000) cuyo objetivo es equiparar las prestaciones de la Seguridad Social que reciben los trabajadores agrarios con las del resto de los trabajadores por cuenta ajena.

El ministro ha asegurado que "la principal novedad es que los trabajadores ya no cotizarán por una base tarifada igual para siempre, sino por su salario real, y su pensión se corresponderá con el salario real que han percibido en las empresas en las que haya trabajado".

Valeriano Gómez ha asegurado que "para financiar este proceso de equiparación, el Proyecto de Ley abre un proceso progresivo de 20 años que comenzaría en el año 2013 y terminaría en el  2031". El ministro ha recordado que el Proyecto de Ley cuenta con el respaldo de las asociaciones agrarias más importantes del sector, así como de las asociaciones sindicales más representativas.

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