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13/07/2024. 08:26:00

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Un Anteproyecto prevé la posibilidad del ejercicio conjunto de la abogacía y de la procura en las sociedades profesionales

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El Gobierno ha sacado del cajón las reformas para cambiar el statu quo entre las profesiones de abogado y procurador. Lo ha hecho fuera del contexto legislativo en el que se planteó durante la pasada legislatura, es decir, incardinada en la polémica reforma de la Ley de Servicios Profesionales (LSP) impulsada por el Ministerio de Economía que, tras años de atasco en su tramitación, no llegó a ver la luz. En esta ocasión no se trata de la iniciativa para eliminar la incompatibilidad de ejercer de forma simultánea las profesiones de abogado y de procurador, sino de la reforma del acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.

Íñigo Méndez de Vigo

El anuncio fue realizado el pasado viernes al término del Consejo de Ministros, en el que se dio luz verde a un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de las condiciones de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Si bien no facilitó el texto aprobado, el Ejecutivo adelantó que los principales objetivos del Anteproyecto "consisten en arbitrar la posibilidad del ejercicio conjunto de la abogacía y de la procura en las sociedades profesionales, habilitar un sistema de acceso único a dichas profesiones y clarificar el régimen arancelario de los procuradores".

"Tramitación de urgencia"

La tramitación de este proyecto de reforma "se efectuará mediante el procedimiento de urgencia con el fin de lograr con agilidad la adecuación y plena coherencia de nuestra normativa con el ordenamiento jurídico comunitario", informó el Gobierno.

A modo de avance de su Exposición de Motivos, justificó que el proyecto normativo "responde a la necesidad de acomodar la legislación española a las previsiones del derecho comunitario y singularmente a lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a servicios en el mercado interior, así como dar una respuesta integral y coherente a las directrices que la Comisión Europea ha formulado respecto del modelo vigente".

Como es sabido, dicha Directiva aparecía nombrada como marco normativo de referencia en el Anteproyecto de la LSP, a los efectos de establecer "un nuevo régimen jurídico plenamente actualizado, que corrija el confuso mapa colegial existente".

Independencia e incompatibilidad "garantizadas"

Además de avanzar hacia un nuevo sistema de acceso, la Ley eliminará las limitaciones que existen en la actualidad en el ámbito de las sociedades profesionales y permitirá que abogados y procuradores puedan integrarse en una misma entidad, preservando cada uno de ellos sus competencias, responsabilidades y obligaciones. La independencia e imparcialidad en el ejercicio de cada profesión seguirá estando plenamente garantizada, en todo caso, por el mantenimiento de la incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura.

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