El Dictamen se ha enviado en plena crisis política por los contrastes entre las diferentes Comunidades Autónomas. Seis Autonomías aplican el "céntimo sanitario": Madrid, Asturias, Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. El Ministerio de Economía, abierto a la negociación con Europa, no descarta entrar en una confrontación judicial con la Comisión. La Comisión Europea ha notificado formalmente a España que el impuesto especial denominado «Impuesto Especial sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos» no se atiene a la legislación comunitaria. La notificación se ha efectuado en forma de dictamen motivado (segundo paso del procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado CE). Si las disposiciones nacionales de que se trata no se ajustan al Derecho comunitario en el plazo de dos meses, la Comisión podría remitir este asunto al Tribunal de Justicia Europeo.
Los impuestos especiales sobre los hidrocarburos están armonizados a nivel comunitario y los aplican todos los Estados miembros. La Directiva 92/12 previó la posibilidad de que los productos que ya están sujetos a impuestos especiales armonizados a nivel de la UE, se gravasen en cada país con una finalidad económica específica cumpliendo determinadas condiciones
En 2005, y en plena escalada del precio de la gasolina, con la sin plomo 98 en medio de una subida de precio de un 24,22 por ciento y la sin plomo 95, la más consumida, incrementándose en un 19,7 por ciento; y el gasóleo a un euro por litro, media España se acogió a esta posibilidad para financiar el déficit sanitario, que se acercaba ya a los 4.000 millones de euros.
El llamado céntimo sanitario fue una medida introducida por el gobierno de José María Aznar. Por aquél entonces varias comunidades autónomas rechazaron el instrumento de financiación de la sanidad, aunque luego se sumaron al mismo.
La Comisión ha llegado a la conclusión de que el "sobreimpuesto" no cumple plenamente los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE por las siguientes razones: en primer lugar, el devengo del impuesto no se ajusta al del impuesto especial armonizado, puesto que no tiene lugar en el momento en que los productos dejan el último depósito fiscal sino en una fase posterior, cuando los productos en cuestión se venden al comprador en la gasolinera.
En segundo lugar, en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE se establece que cualquier otro impuesto indirecto sobre los hidrocarburos debe tener una «finalidad específica». El Tribunal de Justicia Europeo ha entendido ya que «finalidad específica», en este contexto, es una finalidad que no sea presupuestaria.
La Comisión considera que el objetivo principal del impuesto es fortalecer la autonomía de las regiones proporcionándoles los medios para generar ingresos fiscales. De acuerdo con los criterios del Tribunal de Justicia Europeo, esto no puede considerarse una «finalidad específica» a efectos de lo dispuesto en la Directiva.
Por estas razones, la Comisión ha solicitado formalmente a España, mediante un dictamen motivado, que ajuste su legislación nacional al Derecho comunitario. Hacienda afirma, en cambio, que este impuesto cumple con la directiva comunitaria y asegura que no va en contra de la legislación europea. A la espera de estudiar el dictamen hecho público hoy, defenderá en Bruselas la capacidad normativa de las comunidades autónomas para llevar a cabo este gravamen.
Así y sin prejuzgar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Bruselas, el departamento de Pedro Solbes no descarta la posibilidad de que el caso tenga que resolverse en el Tribunal de Luxemburgo, dado que existe una clara discrepancia entre la interpretación de Bruselas y del Gobierno español.
La Xunta de Galicia también ha reaccionado ya al Dictamen. Su Consellería de Economía se ha puesto en contacto con la Dirección General de Tributos del Ministerio y desde allí se le ha comunicado que el Estado presentará alegaciones contra el Dictamen.
