Históricamente, la gestión de litigios ha sido una cuestión crítica dentro de las grandes asesorías jurídicas corporativas. Las novedades normativas y jurisprudenciales cada vez más tendentes a una mayor protección de los consumidores, la proliferación de despachos especializados y las deficiencias manifiestas de nuestro sistema judicial, están suponiendo todo un reto para las grandes compañías, muchas de ellas abrumadas por el volumen de procedimientos que tienen de forma recurrente. Este desafío está poniendo a prueba las estructuras tanto de las propias asesorías como de los despachos que les asesoran.
En la abogacía de los negocios existe una mayor concienciación sobre la importancia de estar alineados con los objetivos globales de la compañía y participar en los procesos de toma de decisiones, y ese cambio implica acercarse a los asuntos desde un punto de vista diferente. Más allá de la resolución de la controversia concreta, hay que definir procesos estructurados que pauten la gestión e introducir métricas que nos den información útil para analizar la gestión de los asuntos y medir el desempeño de nuestros proveedores. Esta nueva perspectiva facilita la comunicación con los departamentos de negocio, a la vez que pone en valor el trabajo realizado desde la asesoría.
Una solución excelente
Esta visión estratégica resulta aún más necesaria en la gestión de procedimientos judiciales, dado el alto riesgo operativo y las dificultades propias que implican la gestión de proveedores. En este punto, las herramientas Legaltech han demostrado ser una solución excelente para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la llevanza de procedimientos. El proceso de transformación digital en el que está inmerso el sector legal ha supuesto la creación de muchas soluciones específicas para facilitar y optimizar la gestión de procedimientos judiciales.
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