Son muy pocos los casos en los que defender a feminicidas o violadores conlleva algún tipo de inconveniente profesional para la compañera o el compañero que lo hace. La violencia sexual y la violencia machista son, desgraciadamente, dos ilícitos penales que cada vez causan menos indignación social, y pocas veces sabemos si los casos de asesinatos machistas que aparecen periódicamente como breves reseñas de los periódicos o informativos acaban en condena o cómo se han desarrollado esos juicios.
Tampoco solemos saber nada más allá de las iniciales del violador o el feminicida o, como mucho, se nos informa de su nacionalidad si el medio de comunicación en cuestión considera que tal dato puede ser de mayor o menor utilidad política a su línea editorial.
Ni siquiera cuando se trata de la violencia vicaria, aquella en la que los padres asesinan a sus propios hijos con el único objetivo de hacerle a la madre de las criaturas un daño insoportable e irreparable, ni siquiera entonces conocemos nada de los asesinos y los medios de comunicación pronto se olvidan de ellos dejando que, con justa razón, hasta los peores delincuentes disfruten de su derecho humano y constitucional al olvido.
Sin embargo, todo esto es completamente diferente si la enjuiciada es una mujer. Entonces sí, los medios de comunicación parece que desarrollan un extremado interés no por los detalles del caso en sí, sino por cualquier dato personal, y si puede ser afectivo sexual mucho mejor, con el que dar un supuesto contexto, aunque no tenga nada que ver, con el hecho delictivo en sí y con su presunta autora.
Teniendo en cuenta que las mujeres cometen un porcentaje bajísimo del total de los delitos que se enjuician en nuestro país cada día, el número de casos de presuntas delincuentes del que sabemos más detalles sobre su vida personal y sexual que sobre los hechos a enjuiciar son proporcionalmente muchísimos y muy variados.
Por ejemplo, tenemos el caso de Laura Borrás, expresidenta del Parlament de Catalunya, en proceso judicial acusada de prevaricación por presunto fraccionamiento de contratos en la Administración Pública. No sabemos cuáles son las empresas presuntamente favorecidas ni el importe de los contratos ni los servicios que se contrataban, pero algunos medios sí se encargaron de filtrar el curiosos detalle de que uno de los beneficiados era el supuesto amante de la señora Borrás. Nunca supimos si Félix Millet, condenado por el caso Palau de la Música tenía amantes, y menos aún si las llegó a favorecer con sus teje manejes, por ejemplo.
Sin embargo, existe un nivel superior de daño reputacional personal contra las mujeres implicadas en hechos delictivos, que esa en la que la violencia mediática contra las acusadas llega a generar una condena adicional a la judicial, que es la condena social y que puede llegar a ser mucho peor, ya que a diferencia de las condenas sentenciadas por los jueces, que tiene un inicio y un final, la condena social, la condena pública, es posible que sea una verdadera cadena perpetua para la implicadas sea cual sea el resultado de su proceso judicial.
En este sentido, el aterrador ejemplo del caso de Dolores Vázquez, que llegó a ser condenada por el asesinato de Rocío Wannikhof, es paradigmático de como la violencia mediática puede prevalecer sobre el proceso judicial, incluso cuando se demuestra la inocencia (descubierta por pura casualidad) de la implicada. Nunca nadie se disculpó por la saña de los medios de comunicación contra Dolores Vázquez, por ser mujer y lesbiana una vez fue puesta en libertad. Es más, tuvo que irse de su casa y de su ciudad porque el daño reputacional había sido tan grande que nunca pudo disfrutar de su derecho al olvido, ni aun siendo inocente.
Y todo ello con un único ánimo de lucro por parte de determinados medios de comunicación que sólo funcionan bajo la máxima de “que la verdad no nos estropeé un buen titular”.
Pero no hay un caso más paradigmático de violencia machista mediática en el que podamos evaluar las diferencias de trato de los medios entre hombres y mujeres que el conocido como “Crimen de la Guardia Urbana” donde dos personas, una mujer y un hombre, fueron condenadas exactamente por los mismos hechos a la misma condena, pero donde los medios de comunicación desde un inicio y hasta ahora, casi ocho años después de los hechos, han puesto de manera permanente en la picota a la mujer condenada, Rosa Peral, olvidándose por completo del hombre condenado, Albert López.
Desde el primer momento, televisiones, periódicos y radios vieron en el personaje de Rosa Peral un filón. Un filón económico, por supuesto, que a base de inventar sobre su vida y darle una mínima relevancia al propio crimen podría darles clics infinitos. La fórmula fue clara, a saber, equiparar a la Sra. Peral con el mito de la Viuda Negra y a partir de que el público compró la idea todo estuvo permitido.
El clímax del relato público fue cuando se fraguó el convencimiento de que era una mujer promiscua, un pecado mortal que ni en pleno siglo XXI se perdona a ninguna mujer. A partir de ahí, la relación de conceptos fue construida por los medios de comunicación de manera machacona hasta llegar a la siguiente ecuación: una mujer promiscua es mala, ergo si es mala porque es promiscua, también es una asesina. Y ya todo valió y vale aún hoy.
No podemos olvidar que ese relato es el que aparecía en todos los medios de comunicación continuamente mientras se realizaba la instrucción del caso. Luego dicho caso fue juzgado por un jurado popular (igual que en el caso de Dolores Vázquez) que, por supuesto, estuvo sometido a toda la contaminación mediática que durante dos años se publicaba día sí y día también. La sentencia de la Sra. Peral estaba escrita antes de llegar al palacio de Justicia.
Les invito a todas y todos a repasar los titulares de las noticias sobre este asunto que se han publicado, especialmente entre 2017 y 2020. Y especialmente invito a los y las que escribieron titulares misóginos a ver si son capaces de detectar la misoginia extrema de los mismos en asuntos que nada tenían que ver con el crimen.
La influencia de esto no es una hipótesis, es una realidad puesto que el jurado popular estuvo a un solo voto de declarar inocente a Albert López, mismo que en abril de 2024 reconoció por fin su autoría en los hechos y su culpabilidad. A la Sra. Peral en cambio, que siempre mantuvo su inocencia y que hoy batalla de nuevo judicialmente por hacer valer esa confesión del sr. López para demostrarla, todos los miembros del jurado menos uno la declararon culpable.
En todo este tiempo, la violencia mediática contra la Sra. Peral no ha cesado ni un momento. Se le inventan presuntos embarazos, agresiones a funcionarias, tráfico de drogas desde la prisión. Además, se la cuestiona desde hace casi dos años en que intenta salvaguardar el derecho al honor y la intimidad de sus hijas que han sido utilizadas por una plataforma que ha ganado cientos de millones de euros explotando su imagen y la de sus hijas.
Tal y como se puso de manifiesto el pasado 19 de febrero en la IV Edición de LIDEResA, evento organizado por la agencia iMADES Communication, cuando profesionalmente debes afrontar un caso tan mediático como violento puedes sentir el vértigo de creer, y no de manera baladí, que esa violencia mediática sin duda va a dificultar mucho tu labor profesional y que incluso también puede dirigirse hacia una misma en un momento determinado. Sin embargo, como mujer y profesional sabemos que eso puede pasar y pasa siempre y en cualquier momento, así que, al final, lo afrontas como una manera más de la lucha personal y diaria contra la violencia machista y lo haces.
