Reflexionar sobre el maldesarrollo no solo es necesario, sino que es imperativo en países latinoamericanos. ¿Cuándo será el momento de poder salir de este? ¿Y, de ser tan frecuente, por qué no hay una organización política que logre cumplir con este objetivo? Estas y más preguntas son esenciales para poder entender que este problema no solo es complejo, sino que es necesario abordarlo desde distintas disciplinas. Sobre todo, conocer en qué consiste el maldesarrollo, su relación con la corrupción y un análisis penal de la normativa ecuatoriana.
¿Qué es el maldesarrollo?
Si revisamos los indicadores de desigualdad del Banco Mundial, estos son claros al establecer que América Latina y el Caribe siguen siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Incluyendo países del Cono Sur que tienen los ingresos más altos, estos se siguen manteniendo bajos. A pesar de que hace una década las cifras han mejorado, estas se han estancado en su crecimiento, incluyendo los indicadores de pobreza. Esto demuestra que el problema de la desigualdad económica entre el porcentaje de ricos y pobres, en países que no encuentran una vía al desarrollo económico, existen personas que viven en condiciones económicas altas que son muy distantes al resto de la población que vive en una austeridad planificada. Por supuesto, la situación no ha mejorado por parte de los actores políticos y de gobierno para permitir que más personas gocen de una economía que les permita vivir en condiciones de dignidad para su subsistencia.
La propuesta del delito de maldesarrollo es muy clara, siguiendo el contexto de esta realidad conflictiva en la que vivimos en la actualidad. Pero antes, es preciso establecer qué se considera maldesarrollo en el ámbito de las ciencias sociales, aunque no es cuestión fácil tomando en consideración las diferentes implicaciones del término. Se puede establecer que en este campo se refiere al desequilibrio económico que incide en la calidad de vida de las personas. Por consiguiente, podemos señalar que desde la óptica de la necesidad que tienen los seres humanos, es factible calificarlo como la falta de satisfacción de estas, más aún cuando las necesidades son básicas. El problema es que existe una gran cantidad de insatisfacción de necesidades, producto de la desigualdad planificada en diferentes dimensiones, producto en gran medida de la desigualdad económica y de la calidad de vida entre las personas. Tortosa señala que, si tomamos en cuenta este elemento y lo dividimos entre necesidades y escenarios de análisis, podemos encontrar lo siguiente:
El delito de maldesarrollo busca enfrentar esta realidad, justificándose en la experiencia y reiterados casos de países que permanecen en el maldesarrollo a pesar de que distintas fuerzas políticas han gobernado en varios países de la región. Es por esto por lo que la configuración de esta propuesta jurídica ha sido motivo de estudio de la profesora Maria Laura Bohm, misma que ha propuesto el concepto del delito de mal desarrollo de la siguiente forma:
“El delito del maldesarrollo es el conjunto de interrelaciones y actividades en el contexto de políticas y emprendimientos económicos internacionales, transnacionales, regionales y nacionales que conllevan o han concretado el riesgo de obstaculizar la satisfacción de necesidades básicas en el nivel colectivo y participan así en forma directa o indirecta en el ejercicio de la violencia cultural, estructural o física que impide el desarrollo sostenible e integral de una población en términos de paz económica, cultural y legal.”
Con su lectura, podemos destacar que es una propuesta que busca defender una pluralidad de bienes jurídicos que involucran el ámbito económico, la paz social, entre otros, y que es muy apropiada si consideramos la historia política de la región. Es decir, una gran cantidad de gobiernos que, en vez de progresar, se han destacado por retroceder o estancarse por la ausencia de una verdadera gestión planificada de gobierno o por sus conductas deliberadas que buscan mantener el statu quo de las relaciones de poder económico y político en los distintos países.
La corrupción y su incidencia para el maldesarrollo
La corrupción es una causa transversal para el delito de maldesarrollo en sus diferentes dimensiones. Pero, antes de responder la pregunta sobre: ¿De qué forma esta se encuentra vinculada? Es preciso señalar que en estas complejas redes que involucran a diversos agentes del sector público, privado y la sociedad civil, se obvia la satisfacción de las necesidades sociales por el beneficio privado, sin importar las nociones más elementales del sistema democrático y las necesidades básicas del vivir en sociedad.
La corrupción pública termina siendo una de las principales causas de que no se desarrolle de manera adecuada los países de la región. Encontraremos a conductas lesivas a los intereses de la administración pública que son reprochadas tanto por el derecho administrativo sancionador como el derecho penal por delitos como el peculado, cohecho o la concusión. No obstante, es preciso señalar que según el estudio de Naciones Unidas en el 2023 se pierde un 5% del PIB mundial anual por corrupción, siendo el 25% desviado por diversas prácticas de los presupuestos destinados al gasto público. No es cuestión menor tomando en cuenta que el gasto público, visto desde la perspectiva del desarrollo como inversión pública, es sustancial para permitir que existan bienes y servicios del Estado de calidad para las personas o usuarios.
No es noticia nueva que la corrupción pública y privada ha tomado los titulares de las noticias durante siglos. Encontrar servidores públicos involucrados en delitos que afectan a la administración de los Estados y empresarios que buscan la manera ilegal de obtener ganancias y provecho propio, forma parte de estas dinámicas. Buscar el beneficio colectivo y el bienestar común, termina siendo lo último y el perjuicio para estos agentes corruptos.
Inclusive, han existido casos de fraude y lavado de dinero por parte de ONG’s vinculadas a colaborar en la situación emergente de Haití tras el terremoto del 2010, una serie de fundaciones norteamericanas y la propia USAID recolectaron fondos que no llegaron a manos del gobierno y autoridades locales para el beneficio de la población. Esto nos revela como actores de la sociedad civil forman parte también de las dinámicas de la corrupción que permiten el maldesarrollo, sacando ventaja de las disposiciones legales que no transparentan y exigen un nivel de regulación adecuado a para estas organizaciones. Y, inclusive, enmascarándose en las más nobles causas u objetivos para poder acceder a finalidades completamente distintas a las que dicen realizar.
A esto hay que sumar que dos actividades muy sensibles que buscan evitar que la corrupción intersectorial sea permitida, como son el lobby y las puertas giratorias, a pesar de los intentos, no tienen un marco normativo que regule de manera adecuada estas conductas. Un caso muy conocido fue el lobby ejercido por Chevron ante las distintas autoridades del Ejecutivo y judiciales del Ecuador para evitar sanciones por los daños ambientales y otros incumplimientos de la normativa local.
En conclusión, los diversos tipos de corrupción que se ven involucrados cuando hablamos de maldesarrollo, al parecer, son mecanismos que se adecuan eficazmente para que se detenga o retroceda el progreso de los distintos campos económicos de los países. No puede pensarse en el maldesarrollo sin tomar en cuenta condiciones que son sustanciales en los distintos países, por ejemplo, si nos encontramos ante países con corrupción sistémica o aislada, un enfoque económico y cultural que revelen si se encuentra tolerada o no en la sociedad, medir adecuadamente la corrupción mediante una metodología adecuada, sean métodos directos o indirectos, que nos permitan agrupar elementos para un diagnóstico certero como punto de partida es una toma de postura responsable antes de tomar decisiones que busquen solventar los problemas.
Situación penal y política del delito de maldesarrollo
En el ámbito penal podemos señalar que el delito de maldesarrollo tiene una propuesta interesante, pensando en rescatar la defensa de los derecho humanos, fundamentales y los cimientos del Estado democrático a los que se debe la clase política. La idea de establecer como punto de partida la vulneración a los bienes jurídicos protegidos, encuentra no solo una justificación constitucional y democrática, también encuentra respaldo en la visión intrasistemática y extrasistemática del bien jurídico que permite la sanción penal. No entraremos a discutir posiciones sobre si se deben o no permitir las sanciones a bienes jurídicos supraindividuales, como defienden posturas cercanas a la escuela de Frankfurt, sino que nos ceñiremos a los bienes jurídicos que ya se encuentran establecidos en el Código Orgánico Integral Penal.
Por el otro lado, desde la óptica del bien jurídico protegido, podemos observar que se encuentran establecidos dos bienes jurídicos relevantes para efectos de la protección penal del delito de maldesarrollo, estos son: la eficiencia en la administración pública y la estabilidad económica. Sin mencionar que, al ser un delito con características pluriofensivas estas pueden dañar o poner en riesgo a otros bienes complementarios, como es la seguridad pública, el régimen de desarrollo, buen vivir, vida o integridad física.
Parte importante de la problemática es la delincuencia de cuello blanco, y no se debe dejar de insistir en esta idea que abarca a actores poderosos del ámbito público, privado y político de los países y de la región. Es inverosímil pensar que a pesar de décadas del modelo democrático liberal aun siga existiendo con incidencia una reiterada criminalidad de los gobernantes, que a pesar de que han sido duramente procesados y sancionados en varios países de la región, esto parece cuestión del eterno retorno de lo mismo, es decir no se ha podido visualizar que el derecho penal sea efectivo para cambiar esta realidad. Es por el poder que pueden ejercer durante el periodo de gobierno a su arbitrio, en el que se fundamenta parte de sus responsabilidades penales, administrativas y políticas, así como la falta de proyección democrática que busque romper este círculo vicioso.
Esencialmente, buscar y establecer la sanción penal o política de los gobernantes es parte de la democracia; más que por los efectos preventivos, se busca una retribución para que los ciudadanos confíen en que los gobernantes pueden ser sancionados por sus conductas penalmente relevantes. Asimismo, se debería tomar en consideración no solo a los gobernantes, sino a los actores poderosos de la democracia, quienes dominan los diversos sectores económicos y que se encuentran vinculados con los gobernantes y con intereses claros sobre las decisiones de gobierno. No se puede tolerar que el mal desarrollo sea la regla general y el desarrollo la excepción; pero tampoco se puede flexibilizar el derecho penal para que el lawfare sea una herramienta política para desestabilizar gobiernos. Es preciso, en esta búsqueda por responsabilizar penalmente a los gobernantes por el subdesarrollo, que estos sean procesados y sancionados por motivo y garantía de los derechos humanos, pero respetando estos últimos para garantizar la legitimidad de su sanción.
