El pasado 8 de octubre la OECD presentó ante el G20 la última serie de recomendaciones del Plan de Acción para luchar contra la planificación fiscal agresiva, denominado BEPS – Base Erosion and Profit Shifting (erosión de la base imponible y traslado de beneficios).
El Plan BEPS se focaliza en la eliminación de vacíos legales que permiten que los beneficios de las empresas "desaparezcan" a efectos fiscales.
La planificación fiscal, agresiva o no, no es nueva. Ya a mediados del siglo XX, las estrellas de Hollywood y los deportistas de elite de Estados Unidos, cedían sus derechos de imagen a sociedades, con el objetivo de evitar los altos tipos impositivos para personas físicas y beneficiarse de una menor tributación en el impuesto sobre sociedades. Créase o no, estos fueron los primeros casos controvertidos de las denominadas "operaciones vinculadas".
Pero si la planificación fiscal no es nueva, ¿por qué estamos ahora a las puertas de la mayor reforma de las reglas impositivas internacionales en una generación?
La respuesta es sencilla. Las reglas fiscales actuales están basadas en economías tradicionalmente manufactureras. Esas mismas reglas aplicadas a la economía digital permiten un considerable traslado de beneficios tributables de los países desarrollados hacia los países de menor tributación.
Algunos ejemplos para que se hagan una idea de los números que se manejan en la nueva economía: Google, en el año 2012, obtuvo una facturación consolidada de 50.000 millones de dólares americanos (USD), mientras que el 10% de sus usuarios eran consumidores situados en Reino Unido. Por una regla de tres simple, Google UK debería haber obtenido una facturación cercana a los 5.000 millones de USD. Sin embargo la facturación de ese mismo ejercicio sólo ascendió a 780 millones de USD. Esto explica por qué el gobierno de David Cameron ha sido desde entonces uno de los principales impulsores del proyecto BEPS.
España es uno de los países que más rápido ha adoptado algunas de las medidas BEPS recomendadas por la OECD. Entre ellas se encuentran los límites a la deducibilidad de los intereses financieros, la no deducibilidad de instrumentos híbridos cuando no generen renta en el país de origen, y fundamentalmente todo lo que está relacionado a la documentación de Precios de Transferencia y la información país por país (Country by Country).
Para las grandes multinacionales (facturación superior a 750 millones de euros) que tengan su sede central en España, es de especial relevancia la información (sobre beneficios e impuestos pagados) país por país, la cual es exigible para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, concluyendo el plazo de presentación transcurridos doce meses desde la finalización del periodo impositivo al que se refiere la información.
El objetivo para las autoridades fiscales es poder detectar grupos que se alejen de los ratios medios o que presenten impuestos no proporcionados a la cantidad de empleados, activos tangibles u otras medidas claves. Las autoridades fiscales buscan tener una herramienta que les indique en qué grupos deben focalizar sus inspecciones.
Ahora bien, para las multinacionales de menor tamaño (desde 45 millones hasta 750 millones de facturación consolidada), si bien no será necesario proporcionar toda esta información, las obligaciones de documentación de precios de transferencia, en especial lo que comúnmente se denomina masterfile se verán incrementadas sustancialmente. Habrá que informar dónde se han creado los intangibles, qué entidad dentro del grupo ha contribuido a su financiación y otra serie de detalles dirigidos a entender cómo contribuye cada parte de la cadena de valor a generar los resultados dentro del Grupo.
El Plan BEPS pretende aproximar más los impuestos a donde se genera su valor real. Será mucho más difícil demostrar que el valor se genera dentro de un país con poco capital humano y poca infraestructura para poder soportar la generación de propiedad intelectual, incluso si es donde residen sus derechos o desde donde se ha financiado su inversión.
Lo preocupante es que las empresas medianas, aunque no tuvieran ninguna práctica fiscal agresiva, deberán destinar más recursos para cumplir con toda estas nuevas exigencias.
Otra de las novedades es la ampliación de la definición de Establecimiento Permanente (EP) para que se incluya la presencia de actividades digitales significativas, lo que obligaría a las grandes compañías multinacionales tecnológicas y de Internet online a facturar sus servicios en el país donde el usuario este radicado.
Sin embargo, esta medida tardará en implementarse, no solo en España sino alrededor del mundo, ya que hay que modificar el modelo del convenio tributario y la renegociación de los tratados entre países. Por lo tanto, esto es solo el comienzo de un largo camino hacia la implementación efectiva en la mayoría de los países.
