Mucho se ha discutido sobre el alcance confiscatorio de la excesiva carga tributaria de los sucesivos gobiernos españoles en los últimos ocho años.
Si en los años noventa se acometieron las primeras reformas del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y se eliminó a partir del uno de enero de 2003 el Impuesto de Actividades Económicas, no dudaron los Ministros de Economía y Hacienda en subir la tributación indirecta, en forma de tasas y contribuciones especiales, en un momento además de alza en el precio de la gasolina y los carburantes, lo que neutralizaba, de hecho, esa considerable reducción. La ley 40/1998 y la ley 46/2002 redujeron los tipos de gravamen y el número de tramos de la escala, la tercera gran reforma, que se aprobó por ley 35/2006 de 28 de noviembre, buscaba la disminución de la carga tributaria por las rentas del trabajo, compensando los gastos generales y extendía la protección a los trabajadores autónomos. La finalidad era mejorar la equidad, por esa razón se elevaron los umbrales de las rentas no sometidas a tributación. Para asegurar la misma disminución de la carga tributaria para todos los contribuyentes se gravaron los mínimos personales y familiares a tipo cero. Se trataba de una nueva estructura en la que los contribuyentes no tributaban por las primeras unidades monetarias que obtenían y que destinaban a cubrir las necesidades vitales. Para favorecer el crecimiento económico se redujo a cuatro el número de tramos de la tarifa y se introdujo un tipo marginal máximo del 43%. Se estableció la incorporación de todas las rentas procedentes del ahorro en un tipo fijo del 18%, idéntica para todas e independiente del plazo de generación. Se concedieron beneficios fiscales a los planes de previsión social empresarial y se previó un producto de fomento del ahorro a largo plazo cuando se comprometía la constitución de una renta vitalicia con el capital acumulado, el denominado plan individual de ahorro sistemático. Por primera vez desde el punto de vista fiscal se dio cobertura privada al problema de la dependencia en España, y se dio continuidad al apoyo fiscal a la adquisición de la vivienda habitual.
El pasado 20 de junio el Consejo de Ministros aprobó la reforma fiscal por la que se modifican la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley del Impuesto de Sociedades, la Ley del Impuesto de No Residentes, de Impuestos especiales, del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Ley General Tributaria. En este artículo quiero centrarme en las novedades que se van a introducir en el nuevo IRPF y que llevan a la conclusión de que las grandes fortunas y las rentas más altas van a salir especialmente beneficiadas, más que los que carecen de recursos; por el contrario, las clases medias apenas van a notar los efectos de esta nueva ley. Esta afirmación no es gratuita ni demagógica, no se trata de criticar las medidas económicas y fiscales sin una razón de fondo, va a ser una realidad tangible si la norma se aplica en su contenido actual. Veamos las razones atendiendo al análisis de datos concretos:
- En la escala general del Impuesto, el tipo máximo baja del 52 al 47% en 2015 y al 45% en 2016, casi siete puntos frente a los cinco puntos de la renta mínima baja, que se reduce del 24 hasta el 19%.
- Las rentas inferiores a 24.000 euros tendrán una rebaja del 23%. En la actualidad podemos decir que son privilegiados quienes tienen un salario en torno a los 2000 euros mensuales, porque la clase media se ha empobrecido notablemente y sus ingresos rondan los mil y mil quinientos euros.
- Las rentas anuales inferiores a 12.000 euros no tributarán, lo que constituye un alivio para un amplio sector de la ciudadanía con escasos recursos.
Estos tres ejemplos demuestran que quienes se encuentran en la escala de los
1000-2000 euros son los menos favorecidos, quienes tienen mayores ingresos se benefician enormemente de la reducción, hasta siete puntos cae el tipo máximo y a quienes ganen más de 150.000 euros (unos 12.500 euros mensuales) sólo se les incrementará la presión fiscal un 1'7%.
No hay que olvidar tampoco que esta tan anunciada rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas fue precedida por una ley de amnistía fiscal que dio la oportunidad de regularizar la situación patrimonial de quienes tenían cuentas millonarias en paraísos fiscales, destacados empresarios y políticos hoy imputados y condenados por delitos económicos se acogieron a otra ley, otros muchos siguen desviando dinero a través de sociedades y empresas pantalla y no han sido todavía descubiertos.
Pero hay más: las deducciones de alquiler de vivienda desaparecen y se reducen las deducciones por rendimientos del trabajo, se rebaja la escala de ahorro, del 20 al 24% a partir de 50.000 euros cuando en la ley de 2006 había llegado al 27%. Se reduce también la aportación máxima a planes de pensiones hasta los 8.000 en un contexto muy complicado en el que se hace muy difícil mantener el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social, cuyo límite disminuye progresivamente. Desaparece la exención de los 1.500 euros por dividendos y queda exenta la ganancia patrimonial derivada de la dación en pago de la vivienda habitual, lo que resulta lógico en la línea de las últimas reformas de la Ley Hipotecaria.
Lo verdaderamente alarmante, a mi juicio, es la tributación por las indemnizaciones por despido, podemos decir en este punto que la ley resulta inconstitucional porque vulnera el principio de igualdad y progresividad y tiene un fin puramente confiscatorio. No hay que olvidar las durísimas condiciones para el trabajador en un escenario muy adverso tras la última reforma laboral, que flexibiliza al máximo el despido y facilita el despido colectivo y objetivo por la discrecionalidad que se reconoce al empresario en los Expedientes de Regulación de Empleo.
En definitiva, se ha perdido una oportunidad única para rebajar la presión a las clases medias, los profesionales liberales y los autónomos, cuyas retenciones apenas disminuyen. Por desgracia, estos colectivos están sufriendo gravemente las consecuencias de la crisis económica, las reformas aprobadas hasta el momento no les han ayudado ni han supuesto un alivio para ellos. Una realidad injusta porque son los emprendedores que invierten sus ahorros en proyectos ambiciosos, innovadores y creativos, tienen el coraje incluso de abrir el mercado al exterior, quienes toman la iniciativa y su actividad puede ser determinante en el desarrollo económico de este país en los próximos años.
