Este artículo pretende abordar de forma breve y sintética, y desde la perspectiva de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la tributación actual de las personas vinculadas a grandes patrimonios en España. Se trata de exponer, desde un punto de vista técnico, las características específicas que tiene la tributación de estas personas, independientemente la opinión absolutamente libre que pueda tener cualquier ciudadano sobre la justicia o eficiencia derivadas de la carga fiscal que en realidad soportan los contribuyentes de mayor capacidad contributiva.
III.- EFECTO EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Todos estos instrumentos españoles y extranjeros también afectan a la fiscalidad de las sociedades residentes que realmente desarrollan actividades empresariales. Existen múltiples ejemplos:
- La Tributación favorable de intereses en determinados estados. Así, en Holanda, la tributación es de un 5% (formato denominado interest box) y Bélgica se permite la deducción de gastos estimados ("interés nocional"), con lo que la tributación efectiva puede ser inferior al 1%. Si estas sociedades dan créditos a sociedades españolas, el gasto es deducible en un 30%.
- La prestación de servicios en estados como Suiza o Irlanda tienen una tributación, específica – caso de Suiza – o general – caso de Irlanda – muy favorable. En consecuencia, filiales del grupo en estos países prestan servicios que son gastos deducibles de otras entidades situadas en países de alta tributación (como sucede, por ejemplo, en España).
Tanto en uno como en otro caso, los beneficios pueden ser distribuidos, libres de impuestos, hacia las sociedades holding.
IV.- MEDIDAS ANTIABUSO. LA TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL
España, como los demás Estados, ha adoptado determinadas medidas antiabuso para proteger sus bases imponibles. Hay que resaltar que algunas medidas han sido corregidas o eliminadas debido a la jurisprudencia del TJCE. En esta línea cabe destacar:
- La subcapitalización. La inexistencia de límites de endeudamiento para las empresas españolas – asociadas con la exención de algunas fuentes de ingresos como los dividendos – así como la escasa tributación de estos intereses en otros países (como Bélgica u Holanda) propician una importante elusión de la tributación. La institución de la subcapitalización permite negar la deducibilidad de estos intereses excesivos. La imposibilidad de aplicar esta institución dentro de la Unión Europea es uno de los principales problemas de nuestro ordenamiento tributario. No obstante, la Inspección de Hacienda ha considerado fraude de ley varios supuestos de este tipo que, sin embargo, los Tribunales han considerado correcto.
- La valoración de operaciones intragrupo u Operaciones Vinculadas está sometida a un régimen mucho más severo, con la nueva redacción del artículo 16 de la Ley del Impuesto de Sociedades y su reglamento de desarrollo (que recientemente ha entrado en vigor).
La medida fundamental para combatir la acumulación de rentas pasivas en sociedades extranjeras de baja tributación es la Transparencia Fiscal Internacional (Controlled Foreign Companies o CFC), regulada en el artículo 107 de la Ley de Impuesto de Sociedades, que ha sido modificada por la ley 4/2008. La principal modificación es que alcanza a las sociedades europeas. Por tanto, si nos encontramos ante:
- Residentes españoles que, directa o indirectamente, controlen más del 50% del capital, derechos de voto o económicos de una sociedad extranjera;
- Una sociedad que pague menos del un 70% de lo que hubiese pagado en España;
- Una sociedad que obtenga rentas pasivas (intereses, dividendos, ganancias de capital, arrendamientos de inmuebles) con determinados requisitos;
Los beneficios de esta sociedad se imputan a los socios, sean éstos personas físicas o jurídicas, y tributan en España a los tipos generales de sus correspondientes impuestos.
Paradójicamente, no se ha modificado el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que regula la Transparencia Fiscal Internacional para las personas físicas. En consecuencia, si el patrimonio lo controlan directamente las personas físicas, no hay transparencia fiscal internacional dentro de la Unión Europea salvo Paraísos Fiscales (Chipre y holdings 1929 Luxemburgo).
V. – LA OPACIDAD. LOS PARAÍSOS FISCALES
Todos estas medidas antiabuso se basan de una forma u otra en el conocimiento de quién controla las diversas sociedades. En consecuencia, para aplicar estas medidas es imprescindible la cooperación internacional.
En la medida en que las sociedades patrimoniales extranjeras estén controladas por sociedades radicadas en Paraísos Fiscales, no será posible conocer la identidad real de las personas que, en última instancia, controlan los patrimonios. Si además, el país correspondiente ha firmado convenios de doble imposición con estos paraísos fiscales, que permiten distribuir dividendos sin ninguna penalización fiscal, entonces el problema puede ser aún más grave, ya que nos encontramos ante estructuras opacas y de baja o casi nula tributación.
Por ejemplo, Holanda tiene Convenios de Doble Imposición con Aruba, Antillas Holandesas y Barbados. Según los dos últimos convenios, la distribución de beneficios de una sociedad holandesa a una sociedad Antillana o de Barbados, llega exenta de impuestos a estos dos paraísos fiscales. La estructura Holanda-Antillas se conoce popularmente como "Sándwich holandés" y, sin embargo, se considera cara frente a la alternativa de Barbados, ya que en Antillas se paga un 1,7% sobre los beneficios.
Una vez situado el dinero en un Paraíso Fiscal, no existe control sobre el mismo, con lo que en ocasiones ha terminado en cuentas corrientes a nombre de personas físicas y en países, por supuesto, con secreto bancario.
VI.- CONCLUSION
La fiscalidad de los grandes patrimonios plantea problemas complejos. Para la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) la situación actual es insatisfactoria, no ya porque la carga fiscal sea escasa sino porque a menudo no son impuestos españoles, y los capitales no se invierten en la economía productiva.
Ante esta situación, evidentemente son necesarias medidas legislativas. En este sentido, la reforma de la Transparencia Fiscal Internacional en 2008 es un paso en la dirección correcta, aunque se echa de menos, la necesaria reforma de la subcapitalización y de la deducibilidad de intereses, como han hecho otros países europeos. En cualquier caso, es imprescindible completar la nueva regulación de la Transparencia Fiscal Internacional con la necesaria reforma del artículo 91 de la Ley del IRPF. Como es obvio, también es necesaria una mayor cooperación internacional con dos objetivos:
- Luchar contra los regímenes fiscales perniciosos y que suponen una competencia desleal.
-
Reducir la opacidad de los territorios no cooperativos (fundamentalmente
paraísos fiscales).
Sin embargo, estos problemas no deben hacernos olvidar que, incluso con la
actual situación normativa y de cooperación internacional, la Agencia Tributaria
debería ser más eficaz en la lucha contra la evasión fiscal asociada a los
grandes patrimonios. Para ello, es necesario dedicar más medios a esta tarea.
Así, la
Administración Obama ha decidido recientemente incrementar
sustancialmente los medios personales y materiales del IRS para luchar contra
el fraude internacional y los Paraísos Fiscales, frente a la reducción de
presupuestos y personal de la
AEAT este año.
Además, IHE considera imprescindible que existan unidades especializadas en el control de este tipo de contribuyentes y de las empresas
relacionadas con los mismos, lo mismo que existe una Delegación especializada
en el control de las Grandes Empresas, ya que no se inspecciona o audita igual
a una empresa del IBEX-35 que a un pequeño taller de la esquina. Por las
mismas razones, no se puede controlar fiscalmente igual a un pequeño empresario
o profesional, que a una de los grandes empresarios de la lista de "Fortune 500". Este tipo de unidades se
han creado en otros países avanzados como en Francia o Australia, con buenos
resultados,
Dentro de lo anterior, es
necesario para el control de estos contribuyentes disponer de información censal. En este sentido, para este pequeño colectivo de grandes contribuyentes,
debería introducirse la solicitud de información sobre empresas y actividades
realizadas, por vía de declaración o de requerimiento de información. A veces, la Agencia Tributaria
no dispone de información, no porque se le haya ocultado, sino simplemente
porque no la ha solicitado.
Por otra parte, en los casos de
ocultación más grave, como es la utilización de Paraísos Fiscales, testaferros
profesionales, debería endurecerse la respuesta penal actualmente existente. En
la situación actual, las cantidades defraudadas pueden ser muy importantes y
las posibilidades de detección escasas. Ante esta situación, es necesario que
las penas sean suficientemente severas y efectivas para desincentivar este tipo
de comportamiento insolidario.
Por último, sólo en este entorno de una mayor eficacia y severidad podría
plantearse la cuestión del tratamiento a dar a las regularizaciones de
patrimonios ocultos al Fisco. En opinión de la Organización Profesional de Inspectores de
Hacienda del Estado (IHE) debe
garantizarse, en todo caso, la aplicación de las normas defraudadas, y la
imposición de sanciones y recargos tributarios, sin que sean admisibles las
amnistías fiscales y las "tributaciones favorables garantizadas".
