Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª). Sentencia 84/2023, de 31 de enero de 2023 (JUR 2023, 94258)
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha recordado en una sentencia del pasado 31 de enero el criterio y la doctrina respecto a la deducción de gastos de una actividad profesional y la manera de acreditarlos. El caso en cuestión se refiere a un contribuyente que realizaba su actividad profesional desde su domicilio y que pretendía deducir varios gastos relacionados con ella. La Administración tributaria rechazó estos gastos al considerar que no habían sido justificados suficientemente, ni se había aportado ninguna prueba de la afectación de la vivienda habitual. Por esta razón, se giró una liquidación provisional y una sanción que fueron impugnadas sin éxito.
La sala de lo contencioso-administrativo ha estimado parcialmente el recurso presentado por el contribuyente, retirando la sanción debido a que la administración no motivó suficientemente el motivo de la sanción. Sin embargo, ha mantenido la obligación del contribuyente de demostrar la relación directa de los gastos con la actividad profesional para poder deducirlos. Asimismo, se ha recordado que la factura es insuficiente para acreditar el carácter deducible del gasto y que es necesario presentar otros medios de prueba complementarios. La carga de la prueba recae en el contribuyente, que es el interesado en la deducción.
En cuanto a la deducibilidad de la amortización del inmueble, se ha señalado que el artículo 29 de la Ley del IRPF y el artículo 22 del Reglamento del IRPF son claros y exigen acreditar la realidad de la afectación de la vivienda a la actividad económica del contribuyente. Para ello, es necesario dar de alta el inmueble en el censo de empresarios y profesionales del IAE y establecer el porcentaje de afectación.
Esta sentencia pone de relieve la importancia de contar con la documentación adecuada para justificar los gastos relacionados con una actividad profesional y la necesidad de cumplir con los requisitos legales para poder deducirlos, y evitar así posibles sanciones.
