Cuando hablamos de previsión social empresarial es habitual que surjan dudas sobre qué tipo de incentivos buscan potenciar su desarrollo y cómo las empresas y los trabajadores pueden acceder a ellos.
En los últimos años, el legislador tributario ha optado por limitar las aportaciones individuales a sistemas de previsión social (no sólo en lo que respecta a las posibles reducciones en el IRPF, sino también en el ámbito financiero, puesto que los límites absolutos siempre van coordinados). Ello nos conduce a que, en la actualidad, el importe máximo que se puede aportar al conjunto de instrumentos (planes de pensiones, planes de previsión asegurados, mutualidades de previsión social, seguros privados de dependencia) es de 1.500 euros anuales, lo cual se presenta como un factor que desincentiva el ahorro individual en este tipo de productos. Ahorro que hay que recordar que tiene carácter cautivo y finalista y que sólo puede hacerse uso de este en los supuestos tasados por la normativa de planes y fondos de pensiones.
Sin embargo, la reducción del límite en las aportaciones individuales se ha visto acompañada de un incremento en el límite correspondiente a aquellas aportaciones que tienen su origen en los compromisos asumidos entre las empresas y sus trabajadores y que se corresponden con las contribuciones empresariales a estos instrumentos. Es más, la configuración vigente prevé, inclusive, la posibilidad de que los trabajadores efectúen aportaciones adicionales, siempre que dichas cuantías se correspondan con una dedicación adicional de recursos por parte de las empresas, produciéndose así una interrelación entre ambos tipos de aportaciones.
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