La colaboración fiscal internacional se ha abierto paso a medida que ha crecido el comercio internacional y la movilidad de capitales, intentando solucionar los problemas de doble imposición y de evasión fiscal, mediante una actitud más cooperativa. Este fenómeno, hacia una adecuada regulación de la asistencia mutua en materia de recaudación, tiene como objetivo el de evitar el fraude fiscal internacional dado el dinamismo aludido derivado de la globalización económica, e intenta solucionar que la falta de cooperación interestatal favorezca las conductas defraudatorias aprovechando la internacionalización de las relaciones comerciales y económicas.
La Directiva 2010/24/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, ha derogado la Directiva 2008/CE/CE con efectos de 1 de enero de 2012, ha ampliado el ámbito de aplicación de la asistencia mutua desde el punto de vista objetivo, lo que determina también su extensión a otro tipo de entidades distintas del Estado (en España a las Comunidades Autónomas y a los Entes Locales), y a un gran número de créditos y derechos. En primer lugar, dentro de dicho ámbito objetivo la citada Directiva extiende su ámbito de aplicación al conjunto de impuestos y derechos de todo tipo (de carácter público (impuestos, sanciones administrativas, multas, tasas y recargos conexos a los créditos). En segundo lugar, amplía su ámbito de aplicación a los tributos regionales (autonómicos o de los Estados federados) y locales, al señalar su artículo 2.1.a) que la asistencia mutua abarcará al conjunto de impuestos y derechos de todo tipo recaudados por un Estado miembro, "sus subdivisiones territoriales o administrativas, comprendidos los entes locales, o en su nombre o por cuenta de la Unión".
El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público[1], el que ha procedido a la transposición de la citada Directiva 2010/24/CE al ordenamiento español. Transposición que se ha realizado mediante la modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para recoger los principios y las normas jurídicas generales que regulan las actuaciones de la Administración tributaria por aplicación en España de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales.
Asistencia mutua en materia de recaudación que consiste en conceder asistencia a la autoridad competente del Estado requirente para el cumplimiento de sus funciones recaudatorias, con motivo de una petición realizada a tal efecto
[1] Boletín Oficial del Estado Num. 315, de 31 de diciembre de 2011.
Doctor en Derecho. Ponente del TEAC