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17/07/2024. 15:37:57

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Nuevas iniciativas normativas en el ámbito de la atención residencial a personas mayores

Abogado de Uría Menéndez

Uno de los ejemplos paradigmáticos es el anteproyecto de ley en materia de servicios sociales, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de enero de 2023

Corresponderá a las Administraciones tener en cuenta las realidades ya existentes, tanto en la elaboración de la normativa como en su aplicación

Iniciativas a nivel estatal

En los últimos meses, sobre todo a raíz de los cambios que supuso la pandemia del COVID-19, asistimos a una vorágine de iniciativas normativas en el ámbito de los servicios sociales.

Uno de los ejemplos paradigmáticos es el anteproyecto de ley en materia de servicios sociales, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de enero de 2023 y pendiente todavía de trámites adicionales. El anteproyecto permitiría el establecimiento, a nivel estatal, de un catálogo común de servicios sociales y de requisitos de calidad mínimos para todas las comunidades autónomas (v. g., recursos materiales de centros, ratios de personal, niveles mínimos de atención). Conviene recordar que, si bien las comunidades autónomas disponen de competencias exclusivas en la materia, el Estado siempre ha defendido su competencia para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos constitucionales.

Así, esta nueva norma en proceso de elaboración extendería al conjunto de los servicios sociales el esquema de colaboración interadministrativa implantado con la legislación en materia de dependencia. En particular, facilitaría acuerdos como el del pasado 28 de junio de 2022, por el que el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fijó nuevos criterios comunes de “acreditación» aplicables a las residencias para personas en situación de dependencia (los anteriores databan del año 2008). Entre estos nuevos criterios destacan la limitación al tamaño de los centros (entre 75 y 120 plazas en función de la densidad de población del municipio), la organización obligatoria en unidades de convivencia de hasta 15 usuarios y el incremento en las ratios de personal.

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