Práctica Jurídica

El pasado 1 de julio entró en vigor la nueva Ley del Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo). Con ella se establece un marco jurídico con el que el Gobierno pretende dar respuesta a una situación que en el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de diciembre, se perfilaba como uno de los principales problemas de los españoles: el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.

El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto 1371/2007, el Documento Básico de Protección Frente al Ruido (DB-HR) que completa el Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el Ministerio de Vivienda en marzo de 2006. Su aplicación está pensada para poner fin a las molestias por ruidos generados tanto en el exterior como en el interior de las viviendas, molestias que actualmente padecen casi un tercio de los hogares españoles y que son causantes de patologías como el trastorno del sueño, pérdida de atención y rendimiento, o cambios de conducta

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de diciembre la Ley de Modernización del Mercado Hipotecario y de Regulación del Régimen de las Hipotecas Inversas. El mercado hipotecario es uno de los segmentos del sistema financiero con mayor influencia en la estabilidad macroeconómica y financiera. De su funcionamiento depende la financiación de la vivienda.

La gestión de los Suelos Contaminados se ha regulado en España desde hace aproximadamente dos años. No obstante, a día de hoy continúa siendo una materia desconocida para muchos de los promotores que deciden la adquisición de un solar con intenciones de proceder a la realización de construcciones sobre los mismos, sin prever en muchos casos la existencia de suelos contaminados, el proceso de descontaminación y, en su caso, los costos que esa labor puede conllevar.

El pasado 19 de abril entró en vigor la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Inicialmente diseñada para reducir los accidentes laborales en un sector tradicionalmente caracterizado por la alta siniestralidad laboral, no sólo extiende sus efectos al ámbito de las relaciones laborales, sino también al régimen de responsabilidad de los diferentes agentes que participan en el proceso de edificación.

El 17 de marzo de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE). Con él se efectuó una codificación técnica y normativa que introdujo novedades importantes. No obstante, transcurridos varios meses desde su plena entrada en vigor, se alzan ya las primeras voces que denuncian el carácter incompleto del Código, la incompatibilidad de parte de sus disposiciones y su imposible cumplimiento en algunos aspectos.

Los problemas de tesorería de las empresas españolas frustran anualmente miles de proyectos empresariales. Concretamente, en España existen unas 150.000 empresas morosas y nuestro país ocupa el tercer lugar del ranking de los peores pagadores de Europa, únicamente superada por Italia y Portugal. Desde hace doce años la Comisión Europea viene advirtiendo al Estado español del problema que representa la morosidad para el desarrollo económico de nuestro país. Para combatirla, el 31 de diciembre de 2004 entró en vigor la Ley 3/2004, por la que se establecían medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No obstante, los resultados de su puesta en marcha no son alentadores, quizás por desconocimiento de la misma.

El pasado 6 de septiembre entró en vigor el IV Convenio General del Sector de la Construcción, publicado el 17 de agosto en el Boletín Oficial del Estado. Este Convenio, que extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, está especialmente sensibilizado con la seguridad y la salud laboral y pretende ser un ejemplo de la modernización de un sector en el que desarrollan su actividad profesional más de 200.000 empresas y cerca de 2.000.000 de trabajadores por cuenta ajena.