Sor María Gómez Valbuena, una religiosa de 80 años, compareció el jueves en un tribunal de Madrid para responder sobre una supuesta trama de bebés robados que ha provocado un gran revuelo mediático y centenares de denuncias en España.
Gómez, que se acogió a su derecho a no declarar, según el tribunal, es la primera imputada por la supuesta red de compraventa de niños que se habría prolongado durante décadas gracias a la colaboración de médicos, enfermeras, matronas, monjas y diversos intermediarios.
"Te la voy a quitar porque a ésta no la conoces, y tienes otra de dos años y medio que también te la voy a quitar, y encima vas a ir a al cárcel por adúltera", afirma que le dijo la religiosa una de las madres afectadas, María Luisa Torres, que acudió a declarar la semana pasada tras reunirse con la que según las pruebas de ADN es su hija, que había sido adoptada por otra familia hace 30 años.
Cientos de personas han denunciado posibles casos de compraventa de bebés en los últimos meses, y si bien la mayoría de los procesos parecen haber quedado en vía muerta por la falta de pruebas y el paso del tiempo, sí se han producido unos pocos reencuentros, así como exhumaciones de tumbas vacías en las que hasta ahora, los padres creían haber enterrado a los recién nacidos.
Sor María, acusada de detención ilegal y falsedad en documento público por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, trabajaba en el centro hospitalario Santa Cristina de la capital, donde se habrían producido varias de estas adopciones ilegales. El viernes están llamados a declarar como testigos los padres adoptivos de la supuesta "niña robada".
REGISTRO DE NIÑOS ROBADOS
La declaración de la religiosa coincidió con una reunión de los ministros españoles de Interior, Justicia y Sanidad, así como el fiscal general del Estado, con representantes de los afectados por la trama, que en el pasado han denunciado una falta de apoyo de las autoridades.
Tras el encuentro, el Ministerio de Justicia anunció la creación de un censo de posibles afectados para "conocer la dimensión real del problema" y facilitar el acceso a datos del Registro Civil, según un comunicado de Justicia.
"Este va a ser un proceso largo, va a ser un proceso complejo, y por lo tanto no son fórmulas mágicas las que el Gobierno puede poner para resolver un problema que lleva muchos años", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en declaraciones recogidas en RNE.
En el programa participara el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para verificar los análisis de ADN que se hayan hecho los afectados en centros privados.
El llamado caso de los bebés robados empezó a ocupar titulares hace más de un año, cuando salieron a la luz dramáticos testimonios de madres convencidas de que les habían robado a sus hijos nada más nacer, así como de presuntos "niños robados" que buscaban a su familia biológica.
En la mayoría de los casos, según las denuncias, los responsables dijeron a los padres biológicos que sus hijos habían muerto para luego entregar los niños a otra familia a cambio de dinero.
La Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (ANADIR) estima que el robo de niños se inició en los años 40 con las presas republicanas como un acto de depuración política en plena posguerra, pero fue a partir de los años 50 cuando se convirtió en una actividad con fines económicos.
Las tramas se pudieron prolongar incluso hasta principios de los años 90, poco después de que en 1987 cambiase la ley de adopción, que favorecía el poder de los centros de maternidad para amañar la adopción o venta de bebés.
ANADIR, que tiene más de 1.800 socios, ha presentado desde el año pasado unas 900 denuncias en toda España por delitos como tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto, secuestro y detención ilegal, pero asegura que se están archivando los casos por decenas.
