MADRID (Reuters) – El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español aprobó el viernes un informe que pide despenalizar el aborto por malformación, uno de los aspectos más polémicos de una ley que podría situar a España entre los países menos permisivos de Europa acerca de la interrupción del embarazo.
Un anteproyecto de ley para reformar el aborto en España lo permitirá sólo en dos supuestos: en casos de violación en un plazo de 12 semanas o cuando exista riesgo para la salud física o psíquica para la mujer hasta la semana 22 de gestación.
El encendido debate en torno a la reforma, que vio una fuerte contestación en las calles y en el Parlamento pese a la mayoría absoluta del gobernante Partido Popular (PP), se extendió al órgano consultivo del CGPJ con dos propuestas distintas de las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda.
El informe de Sepúlveda pedía la retirada de la ley, mientras que el de Llombart, cuyo texto fue el que se aprobó el viernes, avalaba en general el anteproyecto, aunque pedía algunos cambios limitados, como despenalizar el aborto por la malformación del feto.
Los informes del CGPJ, el máximo órgano de gobierno para el funcionamiento de la Justicia, no son vinculantes para el Gobierno.
El Pleno del CGPJ, compuesto por 21 jueces y juristas, ha visto dilatarse su decisión porque varios de sus miembros habían pedido más tiempo para presentar alegaciones a las dos propuestas antagónicas que se manejaban para enviar al Ejecutivo.
LEY POLÉMICA
El anteproyecto de ley, que se considera iba dirigido principalmente a calmar al descontento sector derechista del partido en el poder, no ha contentado ni a la oposición de izquierdas, que la considera un retroceso de más de 30 años, ni a los grupos provida, que consideran que no es lo suficientemente radical.
Incluso despertó malestar en el seno del PP, y en un país en el que la disciplina en los partidos es muy fuerte, un número poco habitual de diputados del partido y varios presidentes de comunidades autónomas 'populares' se mostraron en contra de la dureza de la ley.
La vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, una voz crítica con la reforma del aborto dentro del PP, votó con la oposición a favor de una propuesta que instaba al Ejecutivo a retirar el anteproyecto de ley.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, su principal valedor, ya ha reconocido que la ley podría ver cambios "que no desvirtuarán el proyecto", para cuya aprobación no hay fecha definitiva.
La mayoría de los países europeos permiten abortar libremente en unos plazos determinados y un 88 por ciento contemplan la interrupción del embarazo si el feto presenta malformaciones o en casos de violación o incesto, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
