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09/12/2022. 22:49:51

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El Congreso aprueba la polémica Ley de Seguridad Ciudadana

Reuters

MADRID (Reuters) – El Congreso español aprobó el jueves con los únicos votos del gobernante Partido Popular una Ley de Seguridad Ciudadana rechazada por la oposición, ONG y organismos de defensa de los derechos humanos, que aseguran que vulnera la libertad de expresión y los tratados internacionales.

Un inmigrante escoltado por guardias civiles en Melilla es devuelto a Marruecos el 2 de diciembre de 2014

La conocida como "ley mordaza" por sus detractores superó la votación más de un año después de forjarse su anteproyecto, con casi 300 enmiendas presentadas en su contra y después de numerosas consultas con organismos y grupos sociales.

Durante el debate, varios miembros de Izquierda Plural se levantaron con mordazas alrededor de la boca en protesta por la medida, y algunos espectadores de la tribuna fueron desalojados por entonar cánticos en apoyo a la libertad.

Su texto original, que llegó a ser calificado de "inconstitucional" por los jueces, ha sido matizado y suavizado, pero sigue levantando ampollas por aspectos como el derecho a la protesta o el tratamiento a los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.

En una polémica iniciativa, el Gobierno ha introducido una enmienda que en la práctica modificará la Ley de Extranjería y que pretende dar cobertura legal a lo que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha llamado "rechazos en frontera", pero que oposición y organismos sociales definen como "devoluciones en caliente".

La enmienda del Partido Popular propone que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera "de forma clandestina, flagrante o violenta", sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

El Ejecutivo ha justificado la necesidad de esta regulación por la presión migratoria en las dos ciudades autónomas, la única entrada a Europa en suelo africano, donde frecuentemente grupos de subsaharianos tratan de saltar la valla que separa España de Marruecos.

"El Gobierno puede denominarlo como quiera, pero en el marco del derecho internacional son expulsiones sumarias y colectivas", dijo a Reuters María Serrano, portavoz de Política Interior en la sección española de Amnistía Internacional.

"Las expulsiones están expresamente prohibidas por el derecho internacional, y no solamente atentan contra los derechos humanos y el derecho de asilo, sino que también incumplen el derecho comunitario", agregó.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, ha advertido a España de que la legalización de las devoluciones de inmigrantes va contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Agencia de la ONU para los Refugiados también ha solicitado al Gobierno español que garantice que cualquier iniciativa legal cumpla con sus obligaciones internacionales, en particular con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

En lo que va de año se han registrado más de 60 intentos de salto a la valla en los que han conseguido entrar alrededor de 2.000 inmigrantes de origen subsahariano, según datos de la Delegación del Gobierno en Melilla hasta noviembre.

"MÁS PODER…MENOS GARANTÍAS"

En la conmemoración el miércoles del Día Internacional de los Derechos Humanos, varias organizaciones se concentraron ante las puertas del Congreso de los Diputados para realizar un "cortejo fúnebre" contra la ley, que según el Gobierno goza de una mayor calidad jurídica pero que la oposición considera un intento de recortar las libertades públicas.

Los grupos de oposición ya han declarado su intención de derogar la ley si el Partido Popular no repite en el Gobierno.

El anteproyecto de ley fue considerado en su momento como un intento de frenar los desórdenes públicos cada vez más habituales en un país afectado por la crisis económica, al contener multas para actos como manifestaciones no autorizadas ante el Congreso, el Senado y asambleas de las Comunidades Autónomas.

"Esta ley otorga más poder a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Policía y ofrece a los ciudadanos menos garantías contra la Administración", dijo la portavoz de Amnistía Internacional.

"Nos preocupa que esta ley no proteja el derecho a la protesta en un contexto en el que hay muchas personas que se han visto afectadas por medidas de austeridad que ha adoptado el Gobierno y que han afectado a sus Derechos Humanos", añadió.

Las manifestaciones y las huelgas se multiplicaron desde el inicio de la crisis y la aplicación de las primeras políticas de recortes en 2010, que han afectado áreas delicadas como la sanidad y la educación.

Pese a pequeños focos violentos, las protestas han sido mayoritariamente pacíficas en un país con un desempleo oficial del 26 por ciento y una reforma laboral que ha facilitado a las empresas despedir a trabajadores.

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