MADRID (Reuters) – El Congreso de los Diputados español dio luz verde el jueves a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) más austeros de la democracia después del debate de las enmiendas incorporadas a la ley en su tramitación en el Senado.
Los PGE aprobados por el Gobierno a finales de septiembre fueron modificados con unas 230 enmiendas propuestas por el PP y una decena de la oposición.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que cuenta con el respaldado mayoritario de la Cámara Baja, ha sacado adelante el proyecto de ley más importante del año, cuyos objetivos básicos contemplan una reducción del déficit público hasta el 4,5 por ciento del PIB desde el 6,3 por ciento de 2012 y una tasa de contracción del PIB del 0,5 por ciento desde el -1,5 por ciento de este año.
Además, las grandes cuentas – que entrarán en vigor desde el primero de enero próximo – también prevén una leve reducción de la tasa de paro hasta el 24,3 por ciento de la población activa desde el 24,6 por ciento de 2012.
El Gobierno ha defendido los PGE del próximo ejercicio con el principal argumento de que son los únicos que pueden sacar al país de la profunda crisis económica que le ha llevado a sus segunda recesión en tres años.
El resto de las formaciones parlamentarias se opusieron a los PGE con críticas centradas en que carecen de credibilidad por contemplar objetivos macroeconómicos no realistas, además de calificarlos de antisociales.
Un centenar de personas se manifestó el jueves en las calles cercanas al Congreso en una "marcha fúnebre". En medio de una fuerte presencia policial, adornaron con velas las vallas que protegen el edificio y portaron pancartas con lemas como "Enterremos estos malos presupuestos" o "No a los presupuestos de la deuda y la miseria".
Con el visto bueno de la Cámara Baja, los PGE han superado una larga tramitación parlamentaria de tres meses tras pasar por el Congreso de los Diputados en una primera ronda y remitirse posteriormente al Senado.
La restrictiva política económica del Gobierno ha generado una oleada de protestas ciudadanas, particularmente orientadas contra los recortes en educación y sanidad, que desembocaron en una huelga general en noviembre pasado convocada por los principales sindicatos del país, escasamente un año después de que el PP ganara las elecciones generales, y tras una primera huelga general en marzo.
