MADRID (Reuters) – La mayoría de los españoles empezaron el lunes a pagar más por los medicamentos con receta, el conocido como copago farmacéutico, en una de las medidas de austeridad más polémicas aprobadas por el Gobierno.
La nueva fórmula, incluida en la reciente reforma sanitaria, tiene en cuenta la edad, la renta y el grado de enfermedad de los consumidores para establecer cuánto tendrán que pagar de su bolsillo por los fármacos recetados, y por primera vez los pensionistas tendrán que abonar una parte.
"El mecanismo nos parece complicado, y me imagino que (el mecanismo de gestión) será transitorio", comentó Julia Gómez, que necesitó ayuda de su hijo para actualizar el software para el nuevo sistema en la farmacia donde trabaja en el centro de Madrid.
El copago por medicamentos prescritos forma parte de una serie de medidas de austeridad con las que el Gobierno conservador de Mariano Rajoy espera contener el galopante déficit, que parece encaminado a incumplir los objetivos acordados con la UE.
El lunes, cuando la mayoría de las boticas se enfrentaban al nuevo sistema, que entró en funcionamiento el domingo 1, las tareas cotidianas se veían alteradas por algunos problemas técnicos, así como por confusiones de carácter práctico cómo dónde colocar las nuevas etiquetas en las recetas.
Aunque está previsto que en los próximos 10 días las recetas expedidas por los centros médicos públicos pasen a incluir la información detallada sobre cuánto tiene que aportar cada paciente, por ahora los farmacéuticos tendrán que consultarlo en un nuevo programa informático que cruza los datos de Sanidad con los de Hacienda.
"Supone multiplicar el tiempo por cuatro o por cinco, y con posibilidad de confusión", señaló Gómez, mientras que en otra farmacia de la capital, MªÁngeles Salvador señalaba que más que la complejidad, lo peor era "el estrés de la incertidumbre".
DIFERENCIAS POR COMUNIDADES
En el nuevo modelo, los que menos pagarán por sus medicamentos recetados son jubilados con pensiones contributivas más bajas y enfermos crónicos, que pagarán un 10 por ciento de los medicamentos hasta un máximo de 8 euros mensuales. En el otro extremo se encontrarán los que cuenten con rentas superiores a 100.000 euros, que pagarán el 60 por ciento del precio, mientras que la mayoría pagará entre el 40 y el 50 por ciento.
Los parados sin prestación de desempleo y los jubilados con pensión no contributiva no pagarán nada.
Una dificultad añadida son los diferentes modelos sanitarios por regiones. Y es que si bien el marco general, con topes y categorías, es común para todos, cada comunidad autónoma podrá elegir el sistema que prefiere para devolver a los ciudadanos el dinero que paguen de más, y muchas aún no lo han anunciado.
"Se ha oído que (los pensionistas) cobrarán trimestralmente en la cuenta de donde cobran la pensión, pero no está confirmado", señaló María Crespalía, en una farmacia de un barrio trabajador de Madrid.
Además, el País Vasco ha decidido no someterse al decreto del Estado, mientras que Cataluña ya venía aplicando su particular estrategia de cobrar un euro por receta a todos los ciudadanos.
En comunidades como Andalucía, donde ya se utiliza de forma habitual la receta electrónica, los boticarios podrán controlar cuánto ha pagado ya cada paciente para evitar que supere el límite y por tanto la administración no tendrá que hacer devoluciones. Allí, el sistema informático permaneció caído en algunas farmacias durante la mañana del lunes.
"No funcionó desde las 9 de la mañana, hasta (el mediodía), y ahora superlento", explicó por teléfono a Reuters la farmacéutica Mercedes Ferrero Bermejo, desde una botica en Sevilla.
La mayoría de los farmacéuticos consultados por Reuters hicieron referencia a la falta de información sobre cómo funcionarán esos mecanismos de devolución, no sólo en su comunidad sino cuando atiendan a un cliente de otra región.
"Han informado tarde y mal, nos llegó la información el miércoles o jueves pasado", dijo por teléfono a Reuters desde Valencia el farmacéutico Vicente Malonda.
En teoría, cuando un usuario compre sus medicamentos recetados en una comunidad distinta a donde reside, tendrá que presentar el tique de compra y la receta para recuperar el dinero que pagó de más. Pero no está claro cómo funcionará el proceso en las comunidades con regímenes distintos.
"Cuando venga alguien de fuera le cobraremos (en principio) un diez por ciento más", comentó Aitor, farmacéutico de Vitoria, que describió la aplicación del nuevo modelo como "un desastre".
Así las cosas, muchos españoles han hecho acopio de recetas en los últimos días, aprovechando los precio más económicos (o la gratuidad, en el caso de los pensionistas) antes de que el plan entrase en vigor.
El Gobierno espera ahorrar hasta 7.000 millones de euros con el conjunto de la reforma sanitaria, que también contempla dejar de financiar más de 400 medicamentos de uso común, luchar contra el turismo sanitario o medidas que afectan al funcionamiento interno del Sistema Nacional de Salud.
Esta reforma forma parte de un paquete de medidas de austeridad que tienen como objetivo reducir la deuda pública y calmar a los volátiles mercados financieros, que tienen a España en el punto de mira.
El Gobierno anunció a finales de junio que el déficit del Estado central hasta mayo alcanzó el 3,41 por ciento del PIB, cifra muy cercana al objetivo del déficit del Estado para todo el ejercicio, que asciende al 3,5 por ciento del PIB.
