MADRID (Reuters) – El fiscal anticorrupción pedirá en un recurso al Tribunal Supremo que Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, sea condenado por dos delitos de corrupción que podrían duplicar la pena de seis años de cárcel que se le impuso la semana pasada.
El fiscal Pedro Horrach dijo el viernes que presentará un recurso de casación ante el Supremo, tribunal ante el que Urdangarin apelará su condena, para solicitar que tanto el marido de la infanta Cristina como su socio, Diego Torres, sean condenados por un segundo delito de malversación de caudales públicos.
"Hay indicios sólidos para ser condenados por un delito (más) de malversación de caudales públicos, que lleva aparejada cárcel de entre 4 y 6 años", dijo Horrach en una entrevista en la Cadena Ser.
El marido de la infanta Cristina, que quedó exonerada en el mismo caso, fue declarado culpable la semana pasada de delitos de malversación, fraude y tráfico de influencias por haberse aprovechado de sus conexiones con la realeza para lucrarse ilegalmente en las islas Baleares.
El fiscal considera que también hubo malversación de fondos públicos y falsedad documental en la rama valenciana del caso, algo que no apreció la Audiencia de Palma en su sentencia de la semana pasada.
El anuncio llega un día después de que Undangarin eludiera el ingreso inmediato en prisión y el desembolso de una fianza, en contra del criterio de la Fiscalía, que había solicitado un pago de 200.000 euros a cambio de eludir su entrada en la cárcel.
Horrach, que admitió que en casos de corrupción se suceden las presiones al ministerio fiscal, afirmó que no creía que la "relevancia social" del ex duque de Palma le haya valido para evitar las medidas cautelares más duras ante el tribunal.
La Audiencia balear sólo dictaminó que Urdangarin comparezca una vez al mes ante las autoridades judiciales de Suiza, país donde reside con su familia, y que comunique cualquier desplazamiento fuera de la UE o un cambio de residencia.
En su sentencia, el tribunal consideró que Urdangarin utilizó su posición para conseguir contratos públicos con el Instituto Nóos, que presidió de 2004 a 2006, y desvió esos fondos mediante una sociedad pantalla.
El caso, que se inició hace diez años, ha levantado gran expectación durante toda su instrucción y posterior juicio, que contribuyó a llevar la popularidad de la monarquía a sus peores niveles en décadas, provocando la indignación de la opinión pública en un país que ha sufrido una profunda crisis económica y grandes casos de corrupción política.
