MADRID (Reuters) – En medio de la mayor crisis financiera en la historia de España y tras sufrir duros ataques políticos y mediáticos por la situación de los bancos, el gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presentó el martes su dimisión, solo un mes antes de que finalizase su mandato.
Ordóñez ha comunicado esta decisión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una reunión que ambos mantuvieron este martes. El banco central, cuyo gobernador ha tenido serios desencuentros con el Gobierno en el primer semestre de gobierno del PP, explicó que el adelanto de la salida se produce ante las importantes decisiones que habrá de afrontar la institución a partir del 10 de junio, fecha efectiva de su salida.
"(A partir de dicha fecha) han de tomarse decisiones muy importantes, como la aprobación de los planes derivados de dicho RD-l (Real Decreto-ley de la última reforma financiera) o los trabajos relacionados con las evaluaciones de las consultoras privadas sobre nuestro sistema bancario", dijo el Banco de España.
Fuentes del Gobierno aseguran que no ha habido presión para adelantar la salida del funcionario en un momento en el que en el Congreso se endurece el debate sobre la idoneidad de crear una comisión de investigación sobre Bankia y permitir o no la comparecencia del Gobernador.
Pero antes de marchar, el dimisionario comparecerá el miércoles en el Senado para hablar sobre los Presupuestos, aunque inevitablemente las razones detrás de su decisión será objeto de interés.
Tras la aprobación de dos reales decretos para reformar los bancos en cuatro meses, el 11 de junio las entidades financieras tienen que presentar los planes de saneamientos para cumplir con las nuevas exigencias del Gobierno en su intento de despejar dudas sobre el estado de salud de la banca española.
La apresurada marcha de Fernández-Ordóñez, que fue aupado a su actual cargo bajo mandato del anterior Gobierno socialista, se conoce apenas cuatro días después de que el grupo BFA-Bankia anunciara que pedirá unas ayudas públicas récord de más de 23.000 millones, las mayores de la historia financiera española.
El Banco de España había aprobado a mediados de abril, aunque con alguna salvedad, los planes de recapitalización que había presentado la Bankia todavía en beneficios (una revisión de las cuentas tras la nacionalización ha desvelado pérdidas atribuibles de 3.000 millones de euros).
Otras entidades intervenidas o nacionalizadas han aflorado pérdidas tras la entrada del Estado.
El gigantesco apoyo público desvelado, junto con la valoración independiente que van a hacer auditores externos de la situación de la banca española, han cuestionado la labor de supervisión del banco central antes y durante la crisis, incluyendo constantes críticas más o menos veladas desde el Gobierno.
La semana pasada el ministro de Economía, Luis de Guindos, no dudó en afirmar que BFA-Bankia era un caso "paradigmático de los errores" del sector en los últimos años, criticando la idoneidad de la fusión que dio lugar al grupo bancario, así como la salida a bolsa de Bankia, operaciones realizadas bajo la supervisión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El mismo De Guindos atacó las prácticas permitidas en el sector con relación a la polémica por las participaciones preferentes comercializadas entre pequeños ahorradores particulares por BFA, lamentando la agresividad de los bancos en su comercialización e indicando que "nunca se tenían que haber colocado entre el pequeño ahorrador".
A preguntas de periodistas sobre la confianza del Gobierno en el Banco de España durante la presentación de la última reforma financiera este mes, De Guindos dijo que no dudaba de la profesionalidad del personal de la entidad, pero lanzó un nuevo ataque al equipo gestor del banco diciendo que "recuperará" su prestigio.
Durante el mandato de Ordóñez -que durará cinco años y once meses- el Banco de España ha tenido que intervenir cuatro entidades -CCM, Cajasur, CAM y Banco de Valencia- y nacionalizar otras cuatro -BFA-Bankia, Unnim, CatalunyaCaixa (CX) y Novacaixagalicia (NCG)- con un coste público de 15.000 millones de euros sin incluir Bankia.
En una de sus más famosas intervenciones en pleno proceso de subasta de la CAM, el gobernador del banco central dijo que la caja era "lo peor de lo peor".
RESPUESTAS AL CIUDADANO
En un contexto de creciente malestar social por las aportaciones estatales a los bancos mientras se recorta el gasto en servicios básicos como educación o sanidad, se ha abierto un enfrentamiento político en relación con la posibilidad de comparecencias parlamentarias para explicar los últimos episodios bancarios.
Fuentes del grupo socialista en el Congreso dijeron a Reuters que la Comisión de Economía decidirá el miércoles sobre la comparecencia de Fernández-Ordóñez en el Parlamento con relación al caso Bankia.
Según la web de la Cadena Ser, el Partido Popular en el Gobierno se inclina por ralentizar de momento la presencia de Gobernador, y ha propuesto que comparezca el subgobernador y presidente del estatal FROB, Javier Aríztegui, la próxima semana.
La semana pasada el máximo responsable del principal partido de la oposición instó al Gobierno a no buscar cabezas de turco en la nacionalización de Bankia y pidió al Partido Popular que no impidiera la comparecencia de Ordóñez ante el Congreso
Desde sindicatos de empleados de Bankia a otras asociaciones minoritarias de accionistas atrapados en una inversión con una pérdida latente superior al 60 por ciento se ha amenazado con litigios en torno a Bankia en lo que promete ser un largo proceso que podría llegar a afectar a anteriores gestores, al regulador bursátil, a auditores, a políticos regionales o, incluso, al Banco de España en su calidad de supervisor.
"Este paso ayudará a reponer la confianza (…) después del escándalo que ha supuesto la salida a bolsa de Bankia", dijo a Reuters el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo, presente en uno de los potenciales demandantes, la asociación de accionistas minoritarios AEMEC.
