El Gobierno prepara nuevas medidas de saneamiento para la banca que contemplan la creación de «bancos malos» y la posibilidad de recurrir a dinero público, dos extremos rechazados inicialmente por el Ejecutivo, en una reestructuración que sitúa en el centro de los saneamientos a Bankia.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que este viernes se aprobarán nuevas medidas "importantes", que según indicaron fuentes gubernamentales incluyen la esperada creación de sociedades que agrupen los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos durante un periodo de 10 a 15 años.
El sector financiero es una de las principales fuentes de inquietud respecto a España en los mercados por la erosión de sus balances tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el temor a que esto lleve a un rescate a la irlandesa.
En este contexto, Bankia cuarta entidad financiera española con unos 300.000 millones de euros en activos, es el mayor quebradero de cabeza para el Ejecutivo dado su carácter sistémico y su alta exposición al sector inmobiliario.
El plan para Bankia, dijeron las fuentes del Gobierno, incluirá cambios en la gestión de la entidad, en línea con lo publicado el lunes por el diario El País.
"Se está finalizando el plan por parte del Ministerio de Economía y el Banco de España. Va a incluir importantes cambios en la gestión del banco", dijo una fuente.
El País dijo que el Gobierno ultima la inyección de miles de millones en Bankia junto con el Banco de España para realizar un profundo saneamiento en la entidad, con la aportación de un préstamo público que deberá devolver con un interés del 8 por ciento, además de presentar un plan de viabilidad que incluirá cambios en el equipo gestor que preside Rodrigo Rato.
Una fuente del Banco de España dijo que el plan para Bankia, que previsiblemente mantendrá su estrategia de seguir en solitario tras la intervención, incluye la posibilidad de vender activos.
"La posibilidad de un fortalecimiento del balance a través de desinversiones de activos está ahora mismo sobre la mesa", dijo la fuente.
Según fuentes financieras consultadas por El País, el grupo formado por Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) – resultante de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de ahorros – necesitaría entre 5.000 y 10.000 millones para limpiar su balance.
El grupo presidido por el que fuera ministro de Economía Rodrigo Rato, tiene que cubrir unas necesidades de 5.070 millones de euros – de los que aún tiene pendientes 2.627 millones – para cumplir con los requisitos de la reforma financiera y está llevando a cabo una activa política de desinversiones en participaciones industriales y recompra de preferentes para captar fondos.
El lunes, sus acciones caían un 4,68 por ciento a 2,34 euros, en un contexto de mercado bajista por las incertidumbres generadas en la eurozona tras el resultado de las elecciones en Francia y Grecia.
DINERO PÚBLICO Y BANCO MALO
En las últimas semanas los inversores han castigado a España en los mercados ante la sensación, entre otras razones, de que la reforma actual que exige saneamientos adicionales a la banca por 54.000 millones es insuficiente para poner el sector.
Asimismo, los analistas consideran muy complicada la idea original del Gobierno – acuciado por la necesidad de cumplir unas duras metas de reducción de déficit – de realizar la recapitalización del sistema con los fondos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un vehículo financiado por el sector bancario que cuenta actualmente con solo 2.000 millones.
"Si eso (inyectar dinero público en la banca) fuera necesario para conseguir el crédito para salvar el sistema financiero español, yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la UE, a prestar dinero público, pero sólo sería en última instancia", dijo el lunes Rajoy en una entrevista en Onda Cero, señalando que el Gobierno dará más detalles al respecto el viernes.
El presidente del Gobierno no quiso confirmar el establecimiento de los denominados "bancos malos", aunque sí reconoció necesario tomar medidas urgentes para que la banca pueda deshacerse de los activos inmobiliarios sacándolos al mercado y reactivando posteriormente el crédito a la estrangulada economía.
"Lo que quiero y lo que pretendemos es que esas viviendas se fije su precio real, aunque pierdan dinero todos, los promotores y los bancos, se fije su precio real y se saquen a la venta", dijo. "Esa es la operación que tenemos en marcha y esa es la operación de la que vamos a tratar en el consejo de ministros del próximos viernes", señaló.
La semana pasada, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que la segregación de los activos a sociedades de liquidación sería voluntaria.
Hasta el momento, el Gobierno había indicado que la banca tendría que asumir los costes de las eventuales pérdidas que surjan en activos tóxicos adicionales a las ya cubiertas bajo la nueva normativa de saneamientos cuando se transfieran estos activos a un nuevo holding inmobiliario.
Tras años de boom inmobiliario, el mercado de la vivienda inició un largo bache a finales de 2007 que ha obligado a las entidades financieras a asumir activos de promotoras y particulares morosos que han experimentado fuertes recortes en sus precios.
Para atajar los agujeros en las entidades, el Estado ha comprometido hasta el momento entre préstamos y capital unos 15.000 millones de euros en la reestructuración de la banca. Además, como parte de la reciente reforma financiera y para apoyar fusiones, el Gobierno incrementó la capacidad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a 15.000 millones de euros desde los 9.000 millones de euros anteriores.
Sin embargo, el Ejecutivo aclaró entonces que se trataría de préstamos que no computarían como déficit público, pues tenían que ser devueltos a precios de mercado.
Desde el inicio de la crisis y pese al mantra repetido durante años por las autoridades españolas sobre las bondades de la banca nacional en un contexto de debacle financiera internacional, el Gobierno ha tenido que intervenir cinco entidades -CCM, Cajasur, CAM y Banco de Valencia- y nacionalizar otras tres -Unnim, CatalunyaCaixa (CX) y Novacaixagalicia (NCG).
Precisamente la necesidad de sufragar el coste de las subastas pendientes (Banco de Valencia, CX y NCG) es una de las razones que llevan a inversores y analistas a pensar que los actuales fondos del FGD serán insuficientes, incluso en el caso de que fueran las únicas operaciones que necesiten aportaciones externas.
Además de los casos de Bankia y las entidades nacionalizadas por subastar, existen varios grupos bancarios que podrían tener dificultades para cumplir en solitario con los saneamientos exigidos por el Gobierno, según reconoció el propio Banco de España.
Las entidades tienen hasta el 31 de mayo para presentar proyectos de fusión, y disponen de un año para afrontar las exigencias de saneamientos contra resultados, aunque el Real Decreto permite a las que se fusionan alargar estos plazos hasta dos años y realizar dotaciones también contra patrimonio.
