MADRID (Reuters) – El Tribunal Supremo citó el martes a declarar como imputados a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a tres de sus antiguos consejeros por el caso de los ERE fraudulentos en la región.

Griñán está citado para el 7 de abril, mientras que Chaves deberá comparecer el 14 de abril, según informó el Tribunal Supremo en una providencia.
El tribunal también ha citado al exconsejero de Empleo andaluz José Antonio Viera el 7 de abril, al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías el 16, y a la exconsejera de Presidencia María del Mar Moreno el 21 del mismo mes.
Andalucía celebra elecciones autonómicas el 22 de marzo, después de que la presidenta de la región y sucesora de Griñán, Susana Díaz, decidiera a finales de enero adelantarlas un año.
El Tribunal Supremo abrió el pasado noviembre una causa contra los expresidentes andaluces por el caso que investiga el fraude de los expedientes de regulación de empleo, uno de los mayores casos de corrupción desvelados en España en los últimos años.
El fraude se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y se estima que la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE asciende a 136 millones de euros.
Los dos exdirigentes – que son el actual presidente nacional del PSOE y su antecesor en el cargo – podrán personarse en la causa con abogado y procurador, para obtener garantías judiciales en un proceso en el que se han mostrado dispuestos a colaborar.
La juez Mercedes Alaya, que investiga un caso en el que ha imputado a unas 200 personas, derivó en agosto parte de la investigación al Supremo ya que tanto Griñán como Chaves son aforados y han de ser juzgados por el alto tribunal.
Griñán dimitió de su cargo de presidente andaluz en agosto de
2013, dejando el puesto en manos de Díaz. El expresidente admitió que el
caso perjudicó al gobierno regional socialista, que ha liderado
Andalucía desde hace más de tres décadas, e influyó en su decisión de abandonar el cargo solo año y medio después del inicio de la legislatura.