MADRID (Reuters) – El Gobierno español exigirá a la banca nuevas provisiones por 50.000 millones de euros para sanear sus carteras inmobiliarias y obligará a las entidades más débiles a buscar fusiones que incentivará con préstamos y con calendarios flexibles en un intento por desatomizar el sector y recuperar la confianza de los inversores.
Con activos inmobiliarios problemáticos en manos del sistema por un importe equivalente al 18 por ciento del Producto Interior Bruto, la reforma que el viernes planteará el Gobierno es considerada vital.
"Básicamente lo que se busca es eliminar lo malo del sistema, tanto vía provisiones como, en el caso de entidades que no tengan margen, a través de fusiones que el Gobierno tratará de incentivar con plazos más flexibles y facilidades para la reestructuración entre los que se incluirán préstamos a tipos de mercado", dijo una fuente bancaria sobre el decreto ley que el Ejecutivo prevé aprobar este viernes.
"El mensaje del ministerio ya ha calado entre las principales entidades y las cuentas que han presentado Santander y Banesto (elevando sustancialmente las coberturas a costa de sacrificar beneficio) están justo en la línea de lo que quiere el Gobierno, esfuerzo en provisiones y beneficio para sanear balances y recuperar la confianza en el interbancario", añadió.
Pero al margen de las intenciones del Ejecutivo, analistas dudan sobre si las medidas serán suficientes para reactivar la concesión de crédito en un contexto de casi estrangulamiento, con más de cinco millones de parados y todavía viva la crisis de la deuda soberana en Europa.
"Está claro que la recesión económica y la crisis del euro ha supuesto una profundización del deterioro de los activos inmobiliarios y en este escenario la capacidad de reacción y de generación de márgenes de la banca es muy limitada y la solución ni siquiera está en manos del Gobierno", dijo José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney Valores.
Además, una fuente del sector reconoció que no se podrían descartar que los inversores volvieran a pedir más provisiones teniendo en cuenta la presión que un escenario de recesión generará sobre los activos.
"No se puede decir categóricamente que doblando las coberturas de provisiones se pueda decir que ha terminado la incertidumbre por eso el Gobierno ha querido constituir provisiones sobre préstamos al ladrillo al corriente de pago", manifestó la fuente.
FACILIDADES PARA FUSIONES
Consciente de que las fuertes provisiones que deberán afrontar las entidades pueden poner a muchas de ellas en una situación financiera aún más comprometida, analistas explicaron que el Gobierno quiere establecer también en el Real Decreto las bases para fomentar el interés "depredador" de entidades más saneadas.
Para facilitar las operaciones de integración, fuentes que participan en las conversaciones entre el Ejecutivo y la banca dijeron que el Gobierno facilitará fondos sin deteriorar sus metas fiscales para limpiar balances y reestructurar.
La idea del Ejecutivo es otorgar préstamos en forma de participaciones preferentes – computarán como capital – para agilizar el proceso de saneamiento del sector sin elevar el déficit ni apelar al contribuyente utilizando el margen que tiene el país en la ratio deuda/PIB.
Con una deuda pública por debajo del 70 por ciento del PIB, España tiene unos 20 puntos de ventaja sobre la media europea para incrementar la deuda.
Los préstamos se financiarían con deuda pública pero, al emitirse a tipos de mercado – con una rentabilidad en torno al 8 por ciento y un plazo máximo de cinco años – no computarán en déficit y el coste de financiación del Estado será previsiblemente menor que el retorno obtenido en los préstamos.
Además, las entidades con fusiones por finalizar o que encaren procesos a raíz de la nueva normativa tendrán una ventaja vital con respecto al resto al poder afrontar las coberturas en un plazo de dos años (en lugar del año que se aplicará a quienes sigan en solitario) y además cargar parte de las provisiones contra patrimonio.
BANKIA, EN EL OJO DEL HURACÁN POR LADRILLO Y TAMAÑO
En la tarea prioritaria para el Gobierno de Mariano Rajoy de sanear definitivamente el sistema financiero- que ya fue objeto de una primera reforma por parte del anterior Ejecutivo socialista- la situación de Bankia ha sido una preocupación de primer orden para el ministerio que dirige Luis de Guindos.
Bankia, que según diversos cálculos tendría que provisionar más de 5.000 millones de euros con los nuevos requisitos de capital, es la entidad con mayor número de clientes del país y su carácter sistémico combinado con la mayor cartera de activos problemáticos del país han llevado a numerosos analistas a considerar que tendría grandes dificultades para realizar las provisiones por sí misma si tuviera que hacerlas en un plazo de un año.
En el mercado se ha especulado incluso con la posible integración entre Bankia y Caixabank como una posible salida para la entidad madrileña, aunque esta vía no está exenta de dificultades.
Además de Bankia, las tres cajas nacionalizadas pendientes de subastar (Unnim, Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia) y el intervenido Banco de Valencia, también se encuentran en el punto de mira entidades medianas con fuerte exposición en el sector del ladrillo como Popular y Sabadell.
"Es cierto que el tamaño va a ser un factor a tener en cuenta pero el primero sigue siendo el peso del ladrillo en los balances y aquí Bankinter mantiene la situación controlada. De las entidades cotizadas más penalizadas habría que señalar claramente a Bankia, Popular y Banco Sabadell", manifestó Nuria Álvarez, analista del sector bancario de Renta 4.
Otros expertos creen que entre los más castigados también estarían aquellas cajas con activos inmobiliarios concentrados en la costa y activos inferiores a los 100.000 millones.
POR PROVISIONAR QUE NO QUEDE
El incremento de las coberturas que planea el Gobierno supondría no sólo doblar las provisiones desde el 30 por ciento al 50 por ciento o incluso el 60 por ciento sobre unos activos problemáticos que el Banco de España cifra en 176.000 millones de euros.
Se trata de coberturas medias que en el caso de los activos de suelo podrían ser muy superiores al 80 por ciento y que todavía no están cerradas en los créditos dudosos o subestándar.
Además, en un intento de reforzar el mensaje por el saneamiento, el Gobierno obligará a las entidades también a provisionar en torno a un 7 por ciento de los créditos a promotores al corriente de pago.
La tasa de mora en los créditos promotores ronda el 15 por ciento frente al poco más del dos por ciento del crédito hipotecario.
Una fuente sindical del sector bancario explicó a Reuters que los bancos y cajas son capaces de generar en un año alrededor de 30.000 millones de euros entre resultados y reservas para atender provisiones. Esta cifra pondría también de manifiesto la necesidad de fusiones y algún tipo de financiación externa.
Para ayudar a afrontar las nuevas dotaciones, el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Isidre Fainé, ha pedido que también se puedan destinar unos 7.500 ó 8.000 millones de euros que cajas y bancos mantienen todavía como colchón en sus provisiones genéricas.
"El sistema bancario español podría ser capaz de generar por sí mismo un máximo de unos 38.000 millones de euros (sumando las genéricas) como capacidad para provisionar. Hay probablemente un hueco de unos 12.000 millones que a lo mejor tienen que venir de fuera", señala un banquero.
