MADRID (Reuters) – La Fiscalía General del Estado y algunos fiscales de la Audiencia Nacional colaboraron con la embajada de Estados Unidos en España en su intento por frenar o boicotear algunas causas abiertas relacionadas con el país norteamericano, según reveló el martes el diario El País citando los documentos del Departamento de Estado de EEUU filtrados por WikiLeaks.
En concreto, el servicio diplomático de Estados Unidos intentó boicotear, según estos documentos, los procesos abiertos por la muerte del cámara de Telecinco José Couso por un disparo de un tanque del Ejército estadounidense en Bagdad; la causa abierta por los vuelos secretos de la CIA en territorio español con destino a la cárcel de Guantánamo y un caso por presuntas torturas en dicha prisión militar estadounidense situada en la isla de Cuba.
WikiLeaks entregó 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado de EEUU a varios diarios y un semanario, que comenzaron a divulgarlos el domingo dejando al descubierto las comunicaciones internas de la diplomacia estadounidense, incluyendo directas y embarazosas descripciones de líderes mundiales.
En los documentos publicados el martes, El País dice que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, entre ellos su jefe, Javier Zaragoza, se reunieron con diplomáticos estadounidenses y colaboraron con ellos.
En ocasiones, transmitieron a la embajada que pedirían el archivo de alguna de las causas, o por ejemplo les anticiparon que no se opondrían a la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia sobre los vuelos de la CIA, porque estaban convencidos de que no aportarían nada "incriminatorio".
En uno de los ejemplos, El País relata que en abril de 2009, Zaragoza telefoneó a la embajada estadounidense y dijo que haría lo posible para que la investigación de las presuntas torturas en Guantánamo no cayera en las manos del juez Baltasar Garzón, ahora apartado temporalmente de sus funciones en la Audiencia, según El País.
"Zaragoza contó que, si Garzón se empeñaba en quedarse con el caso, él mismo airearía que ese juez optó por no investigar nada al respecto cuando tuvo datos para hacerlo años antes", publica el diario.
En otro momento, en enero de 2007 respecto al "caso Couso", Conde-Pumpido "les dijo que el Gobierno no podía hacer nada pero que los fiscales 'seguirían oponiéndose' a las órdenes de detención contra los tres militares estadounidenses implicados en la causa".
La Fiscalía General del Estado está preparando un comunicado de prensa para aclarar el asunto en el que reconoce los contactos con la diplomacia estadounidense pero los enmarca dentro de la normalidad de las relaciones jurídicas con otros países, según fuentes judiciales.
"Esta información siempre ha correspondido a la posición jurídica de la Fiscalía que ya figuraba en el procedimiento, era pública y se había expresado por escrito. Siempre fue a petición suya y se la ofrecimos como una información más, y en ningún caso como una información reservada pues era la posición jurídica de la Fiscalía", dijo Conde-Pumpido en El País.
Los documentos también revelan que los diplomáticos estadounidenses se reunieron con algunos de los jueces de la Audiencia Nacional como Juan del Olmo y Baltasar Garzón, y los cables de la embajada revelan que "intentaron profundizar en las relaciones con los seis magistrados de la Audiencia con diferente grado de éxito".
