CARACAS/WASHINGTON (Reuters) – La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el lunes en una sesión extraordinaria un acuerdo de resolución en el que instó al Gobierno de Venezuela a garantizar la separación e independencia de poderes, y a restaurar «la plena autoridad» de la Asamblea Nacional.
La sesión comenzó tarde tras una suspensión a instancias de Bolivia, que debía asumir la presidencia del Consejo Permanente del organismo multilateral y que calificó el encuentro de ilegal.
El comunicado resolvió: "Instar al Gobierno de Venezuela a actuar en los próximos días para restaurar la separación de los poderes constitucionales y la plena autoridad de la Asamblea Nacional".
Más tarde, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se incorporó a la sesión tras la aprobación de la resolución, dijo que la medida era "un paso para recuperar el restablecimiento de la democracia en ese país".
República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador se abstuvieron de votar a favor de la resolución. Los representantes de Venezuela y Bolivia se retiraron de la plenaria.
Según la resolución, el organismo está dispuesto a apoyar las medidas que permitan el "retorno del orden democrático" en el marco de la Constitución venezolana.
Asimismo, el Consejo Permanente agregó que emprenderá "gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana".
La reunión se inició cuando Honduras asumió temporalmente la dirección del Consejo Permanente, tras protestas de Costa Rica y México por la suspensión del encuentro.
La sesión fue convocada ante la crisis que se desató la semana pasada en Venezuela cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló funciones del Parlamento dominado por la oposición, una decisión que fue inesperadamente criticada por la propia fiscal general, Luisa Ortega.
Sobre ese punto, el Consejo Permanente de la OEA declaró que las decisiones de la máxima corte del país son "incompatibles" con la práctica democrática.
"A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático", dice la declaración de la OEA.
El máximo tribunal revirtió el sábado parte de las sentencias, que también habían limitado la inmunidad de los parlamentarios.
Pero el cuerpo legislativo alega que pese a la marcha atrás del Tribunal, su labor seguirá bloqueada por la máxima corte que le ha impedido aprobar leyes desde que asumió funciones en el 2016 acusándola de "desacato".
"CONSEJO ILEGAL"
Bolivia, un aliado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, había advertido a través de su portavoz que la convocatoria a la sesión era irregular.
"Este consejo es ilegal y lo que se ha hecho es un golpe institucional", denunció el representante del Gobierno de Evo Morales en la sesión plenaria impulsada por 20 países.
Más tarde, desde el presidencial Palacio de Miraflores, Maduro rechazó "el golpe de Estado" en la OEA.
"Da vergüenza el bochorno que están cometiendo. La OEA en su agresión contra Venezuela se ha superado a si misma, (es) un verdadero tribunal de inquisición con todos los abusos y con todas las vulgaridades que hemos visto en estos días", sostuvo.
El mandatario de 54 años asegura que la oposición venezolana, con apoyo foráneo, busca una intervención en el país para reemplazar a su gobierno socialista.
Sus adversarios rechazan estas acusaciones y, por el contrario, sostienen que Maduro es el principal responsable de la crisis que sufre la nación petrolera, con la inflación más alta del mundo, recesión de dos dígitos y escasez de bienes.
La oposición intentó el lunes mantener la presión sobre Maduro con protestas en la calle.
Un centenar de opositores marcharon por una autopista principal hasta la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital, cargando gallinas vivas que dejaron en la puerta de la institución a la que acusaron de "cobarde".
Los diputados opositores habían solicitado al organismo, que junto a la Fiscalía y la Contraloría componen el Poder Ciudadano, condenar las dos polémicas sentencias del TSJ de la semana pasada.
Un puñado de personas identificadas como simpatizantes del Gobierno arremetieron contra los manifestantes con botellas y piedras. Dos diputados opositores resultaron heridos, según testigos de Reuters.
El partido opositor venezolano Copei denunció el lunes que dos de sus dirigentes fueron detenidos la madrugada del domingo por supuestos delitos de instigación a la rebelión, traición a la patria y "contra el orden y la seguridad de la nación".
