De este modo, el juez instructor del caso, José Castro, que ya había procedido a retirarle el pasaporte de forma provisional, acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Matas tiene 72 horas para abonar la fianza.

El ex ministro está acusado de los delitos de falsedad en documento oficial por funcionario, prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delito electoral, lo que le podría suponer más de 24 años de prisión, según la copia del auto reproducida por diarios como "El País" y "El Mundo".

El juez decreta una fianza tan elevada porque estima que existe peligro de fuga por parte de Matas, que tiene su residencia actual en Estados Unidos, donde estaba trabajando, y "se sospecha que en ese país o en otro vecino pueda guardar el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos".

Otras medidas cautelares son la presentación ante el juzgado cada 15 días y la prohibición de salir del territorio español.

El auto del juez, de casi 150 páginas, hace un relato muy crítico con la actuación del que fuera presidente balear en dos periodos entre 1996 y 1999 y entre 2003 y 2007, y ministro de Medio Ambiente durante el Gobierno de José María Aznar, con expresiones como "el sr. Matas ha venido a burlarse de los simples mortales".

"Don Jaume Matas Palou se ha visto favorecido con un incremento patrimonial a todas luces notorio", continúa la copia del auto, con la adquisición de una lujosa mansión en el caso histórico de Palma, valorada por un perito en 1,3 millones de euros, otra vivienda de lujo en el centro de Madrid valorada en un millón de euros y otra propiedad en Mallorca.

"Resulta imposible que con los ingresos declarados por la familia Matas-Areal pueda acumularse tal patrimonio y más imposible aún si se hacen compatibles tales adquisiciones con un tren de vida de absoluto derroche y ostentación", agrega.

También indica que en 2004 Matas diseñó una estrategia "a los efectos de satisfacer sus intereses personales" para la construcción de un velódromo en el que organizar el campeonato del mundo de ciclismo en pista de 2007, creando "un organismo gestor (…) como mera apariencia para disfrazar sus decisiones personales bajo una fórmula colegiada que le eximiera de toda responsabilidad".

SE APARTA DEL PP

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear considera que hubo un desvío presupuestario de 41 millones de euros en la construcción del Palma Arena, cuyo coste inicial se cifró en 46 millones.

"Dada la gravedad de los hechos bien puede darse por satisfecho el encausado con que las Acusaciones no hayan interesado una medida cautelar más severa", señaló, al tiempo que afirmó que "el encausado no se recata en mediatizar a testigos, imponer el silencio a los que fueron sus subordinados, preconstituir pruebas falsas".

Entre los pagos sospechosos hay facturas pagadas con fondos públicos con motivo de un mítin del presidente del PP, Mariano Rajoy, en el Palma Arena en 2007 y por servicios realizados por una de las empresas tapadera al PP en la campaña electoral de ese año, según el auto.

El ex presidente balear presentó el lunes su baja temporal del Partido Popular, que fue aceptada por el presidente del partido, Mariano Rajoy, quien afirmó que "le deseamos lo mejor al señor Matas, que se defienda y, si puede, demuestre su inocencia".

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió al PP que "eleve su nivel de exigencia".

"Se echa en falta más claridad y contundencia de los responsables del PP para condenar sus presuntos casos de corrupción", dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado el martes.

Matas es uno de los cargos más importantes del PP en verse imputado en un caso de corrupción.

En el caso hay más de 20 imputados, entre los que están su mujer, María Teresa Areal, el entonces director general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Ballester, que habría colaborado con Matas en toda la estrategia, según el auto, su cuñado y ex tesorero del PP Fernando Areal, y su supuesto testaferro, Bartomeu Rivas.

El juez impone a Fernando Areal la obligación de comparecer ante el juzgado dos veces al mes, la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte.