MADRID (Reuters) – El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato, presenciaba el viernes cómo continuaba en su despacho un registro dentro de una investigación por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes.
Rato llegó hacia el mediodía a su despacho en el madrileño barrio de Salamanca y entró en el edificio en medio de una nube de periodistas, mientras agentes de la Agencia Tributaria continuaban recabando información sobre el patrimonio del que también fue presidente de Bankia, según mostraban las imágenes captadas en el lugar.
La investigación se desencadenó tras una denuncia de la Fiscalía de Madrid ante un juzgado de guardia de la capital, que precipitó un registro en el domicilio y despacho de Rato el jueves por la tarde.
El que fuera ministro de Economía entre 1996 y 2004 en los gobiernos de José María Aznar también estuvo presente la víspera en los registros, custodiado por los agentes de Aduanas de la Agencia Tributaria mientras se desarrollaba la operación.
Al finalizar la inspección, Rato declaró, según citas recogidas por la agencia EFE, que tiene "confianza en la justicia" y que ha "colaborado activamente" en la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.
Mientras el viernes continuaban trabajando los agentes de la Agencia Tributaria en el despacho del exministro, el decanato de Plaza de Castilla adjudicó al Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid contra Rodrigo Rato y otros cuyos nombres no se han difundido, dijo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un breve comunicado.
El nuevo frente judicial que afronta el que fuera uno de los políticos más reputados de la primera década del siglo XXI en España generó una catarata de reacciones políticas, mientras el Gobierno enarbolaba la bandera de la lucha contra el fraude fiscal en un año plagado de citas electorales.
En un momento de gran crispación ciudadana por la proliferación de casos de corrupción en las altas esferas políticas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo el jueves que el registro demostraba que "la justicia era igual para todos".
Horas antes de que comenzara la investigación, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, había defendido en el pleno del Congreso que el interés general está por encima de "intereses políticos o electorales, los compañeros y los rivales, los amigos y los enemigos" y pidió "que cada cual responda de sus actos".
Entre la oposición no faltaban las peticiones de que se asuman responsabilidades.
El líder
del PSOE, Pedro Sánchez, pidió el jueves la dimisión de Montoro y la
creación de una comisión de investigación sobre el caso, mientras el
secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, instó el viernes al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que asuma su
responsabilidad y que el Ministerio de Hacienda deje de ser el "coto
privado del señor Montoro y del Partido Popular".
El ex director gerente del FMI, que está suspendido provisionalmente de militancia en el Partido Popular, tiene otros dos frentes judiciales abiertos.
Es uno de los altos cargos imputados por la Audiencia Nacional por un presunto fraude sobre la salida a bolsa de Bankia en 2011.
Además, la justicia también está investigando el uso que hicieron un total de 86 consejeros y directivos de Caja Madrid y luego de Bankia de unas tarjetas de crédito no declaradas y concedidas al margen de los estatutos de la entidad financiera, un escándalo que ha provocado múltiples dimisiones en distintos ámbitos del mundo empresarial y político español.
