El Consejo de Ministros ha acordado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Concordia de Extremadura al considerar que reduce la protección de las víctimas e invade competencias estatales.
Según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Gobierno ha solicitado la suspensión de los preceptos impugnados, dados los precedentes del Tribunal Constitucional, que ya mantuvo la suspensión de normas similares recurridas en Cantabria y la Comunidad Valenciana.
El Gobierno considera que la ley reduce la protección de las víctimas
Los motivos que esgrime el Ejecutivo para impugnar esta ley son que reduce la protección reconocida a las víctimas por la legislación estatal, limita derechos reconocidos por la Ley de Memoria Democrática y que la «concordia» no puede sustituir jurídicamente a la reparación de las víctimas.
También argumenta que la reconciliación social «debe» construirse sobre la reparación de las víctimas y no limitarla, y que el cambio del concepto de memoria al de concordia no es únicamente terminológico, sino que implica una reducción de la protección pública de las víctimas.
«Conforme al Derecho Internacional, no existe contradicción entre promover la concordia social y garantizar plenamente los derechos de las víctimas; al contrario, la reparación constituye un presupuesto de esa concordia», sostiene el Gobierno.
Cuestiona la cooperación con el Estado
Del mismo modo, el Ministerio considera que Extremadura deja de cooperar plenamente con la normativa estatal y que la ley autonómica supedita esa cooperación a su propia legislación de concordia, «dificultando la aplicación uniforme de la normativa estatal».
Según el Gobierno, la ley «vulnera la dignidad y la integridad moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura», afecta a derechos fundamentales de las víctimas e invade competencias estatales en aspectos procesales y educativos.
