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El Ejecutivo hace una excepción en el adelanto de cierre presupuestario para financiar la Justicia digital

3 de Octubre de 2016

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un Acuerdo mediante el que exceptúa de la Orden Ministerial de operaciones de cierre del ejercicio, tres contratos de suministros imprescindibles para el proyecto de Justicia Digital. La media ha sido adoptada debido a que el cierre del ejercicio 2016 el pasado mes de julio comprometía las contrataciones previstas para el segundo semestre del presente ejercicio en relación con el cumplimiento de los proyectos de Justicia Digital y Fiscalía Digital en fase II.

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A principios del pasado verano el Gobierno se comprometió con Bruselas a adelantar a julio el cierre presupuestario de los ministerios, entre otras medidas para evitar la multa por haberse desviado de sus compromisos presupuestarios. Esta decisión conllevaba que la Administración central dejaría de abonar muchos pagos no aprobados y de poner en marcha numerosas operaciones y licitaciones. No obstante, el Ejecutivo ha hecho en las últimas semanas varias excepciones a esta regla para poder afrontar la financiación de servicios estratégicos, entre ellos varios que afectan a la Administración de Justicia. La norma de referencia es la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016.

Como es sabido, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que implica la culminación de la reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, conllevó la obligación desde el pasado 1 de enero del uso de medios telemáticos para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal. La implementación de este nuevo modelo conlleva la obligación de utilizar LexNet, la plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos (abogados y procuradores) usado en la Administración de Justicia española. Además, a partir del 1 de enero de 2017 otros colectivos e instituciones que trabajan con la Justicia, como la Policía, la Guardia Civil, los hospitales y los notarios, entre otros, deben utilizar los medios electrónicos en sus comunicaciones. Se implantará también la Fiscalía Digital en las 42 fiscalías gestionadas por el propio Ministerio.

La implementación gradual de la Justicia digital conlleva la dotación de medios por parte de la Administración. En esta línea, el Acuerdo aprobado el viernes afecta a tres contratos destinados a suministrar ordenadores portátiles ultraligeros, docks station (estaciones de carga) y teclados para dispositivos Surface Pro 4, así como lectores de tarjetas bluetooth imprescindibles para los puestos de trabajo móviles que precisan determinados usuarios de la Administración de Justicia (jueces, magistrados, letrados y fiscales) en esta fase de la Justicia digital.

Plataformas utilizadas por 150.000 profesionales de la Justicia

Según informó el Ejecutivo el pasado viernes, el cierre del ejercicio 2016 el pasado mes de julio comprometía las contrataciones previstas para el segundo semestre del presente ejercicio en relación con el cumplimiento de los proyectos de Justicia Digital y Fiscalía Digital en fase II. La obligación para todos los profesionales de la Justicia, oficinas judiciales y fiscales de emplear desde enero de 2016 los sistemas telemáticos en todos sus escritos, así como la de los Juzgados y Tribunales de tramitar electrónicamente los procedimientos, supone que más de 150.000 profesionales de la Justicia acudan diariamente a las plataformas que el Ministerio ha implantado para digitalizar el sistema en los plazos establecidos.

El incumplimiento de estos compromisos podría suponer riesgos graves en el funcionamiento de los servicios ordinarios y críticos que presta normalmente el Ministerio de Justicia, además de posibles reclamaciones de los profesionales ya adaptados al nuevo sistema.

Detalle de los contratos

Por ello, la excepción aprobada por el Consejo de Ministros permitirá tramitar tres contratos básicos con los que se cumplirán en plazo los objetivos previstos en esta fase de implantación de la Justicia digital, especialmente la dotación de movilidad a los jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales que trabajan en distintas ubicaciones físicas (salas de vistas, atención a testigos, diferentes juzgados, etcétera) y requieren herramientas informáticas que les permitan consultar los expedientes digitales en cada una de ellas:

  • El primer contrato consiste en el suministro de 1.450 ordenadores portátiles ultraligeros para dotar de un puesto de trabajo móvil a 450 magistrados, 450 letrados de la Administración de Justicia, 400 fiscales y 150 jueces. El importe estimado es de 1.417.321,24 euros.
  • El segundo contrato incluye el suministro de docks station (estaciones de carga) y diversos accesorios necesarios para hacer efectiva la movilidad del colectivo citado anteriormente. El importe de esta partida es de 163.211,58 euros.
  • Por último, el tercer contrato incluye el suministro de 695 teclados para equipos Surface Pro 4 y 695 lectores de tarjetas bluetooth, dispositivos que completarán la movilidad de estos profesionales de la Justicia que ya podrán consultar siempre el expediente judicial electrónico y prescindir de las copias de papel en las distintas ubicaciones. El importe alcanza los 144.693,86 euros.

Accede a la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/16/pdfs/BOE-A-2016-6843.pdf

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