El Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobreseyó el lunes la causa contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y otros tres altos cargos del PP en el caso de corrupción Gürtel, una decisión que la Fiscalía General del Estado recurrirá ante el Supremo por considerarla contraria a derecho.
La Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano entiende que ni Camps ni otros altos cargos del Gobierno valenciano incurrieron en un delito de cohecho por aceptar supuestamente trajes de los principales implicados en la trama, y que no hay relación entre estos regalos y la adjudicación de contratos en la Comunidad Valenciana.
"No existe relación directa entre el pago de las prendas y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y funcionarios de cada uno de los organismos que decidieron la contratación a la empresa Orange Market", señala el tribunal en un auto.
El tribunal valenciano estimó así las apelaciones de Camps y del resto de los imputados: el secretario general de los populares en Valencia y diputado autonómico Ricardo Costa; el ex consejero regional Víctor Camps y el ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación valenciana, Rafael Betoret.
Horas después de conocerse la decisión, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció en Costa Rica que la Fiscalía General del Estado, a través de Anticorrupción, presentará mañana un recurso ante el alto tribunal.
"Tras realizar un examen jurídico de los argumentos empleados en el auto, la Fiscalía entiende que son contrarios a derecho y a la propia jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, además de improcedentes jurídicamente", señaló la Fiscalía en un comunicado.
Los imputados estaban acusados de encargar varios trajes en tiendas madrileñas por indicación de uno de los principales imputados, Álvaro Pérez – que concurría a los concursos para la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo, y luego los obtuvo – y de aceptarlos sin pagar su importe.
Pérez – apodado "El bigotes" – es el responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events, una empresa dirigida por Francisco Correa, que junto con Pablo Crespo y Antoine Sánchez son los tres acusados que permanecen en prisión.
SATISFACCIÓN DE CAMPS
Camps, en un mensaje grabado, expresó su agradecimiento "a todas las personas que durante estos meses han estado a mi lado, tanto en la Comunidad Valenciana como en toda España"
"Como presidente de la Generalitat he intentado y seguiré intentando hacer de la comunidad valenciana una comunidad de prosperidad y oportunidades, trabajar por mis conciudadanos pero también por mis compatriotas (..) En los próximos años seguiré trabajando por este motivo", dijo el presidente valenciano.
El tribunal desestimó además los recursos de apelación de la fiscalía y la acusación popular, que solicitaban ampliar los cargos de cohecho pasivo a activo, así como que se continuara la investigación para reunir más pruebas y aumentar el número de imputados.
La primera reacción del PP vino por parte de su presidente, Mariano Rajoy, que desde el principio defendió al presidente valenciano.
"Ha ganado la Justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay muchos que están de los nervios", dijo Rajoy en un acto en Santiago de Compostela. "Muchas felicidades, Camps".
"CONTRADICCIONES"
El tribunal ha desestimado también la petición de nulidad del proceso que presentó la defensa de Camps. Tampoco descartó que la versión de los imputados fuera cierta, dadas las "contradicciones de testigos (e) irregularidades de la prueba documental".
El portavoz socialista en las cortes valencianas, Angel Luna, anunció que su grupo recurrirá ante el Supremo puesto que "el auto que hoy conocemos ha dejado incontrovertidos unos hechos que ponen de manifiesto que el presidente ha mentido en sede parlamentaria, en sede judicial y ha mentido a la opinión pública"
El portavoz del Bloc Nacionalista Valenciano, Enric Morera, dijo que la decisión estaba fundamentada por la "amistad manifiesta" entre el presidente del TSJV, Juan Luis de la Rúa, y Camps.
"Desde el respeto a las decisiones judiciales, entendemos que se ha vulnerado el principio de objetividad que toda decisión judicial ha de tener", dijo Morera.
La causa fue abierta en marzo por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que acabó remitiéndola al tribunal valenciano al apreciar indicios de delito contra los altos cargos 'populares'.
En una segunda pata del caso, la Sala Segunda del Supremo presentó la semana pasada un suplicatorio para poder iniciar un procedimiento penal contra el senador del PP Luis Bárcenas y el diputado popular Jesús Merino, también dentro del caso Gürtel.
La tercera se está investigando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra tres diputados autonómicos del Partido Popular.
