El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que ahora será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria y que renovará la ley vigente, que data de 2001. Actualmente existen en España 50 universidades públicas y 37 privadas con centros repartidos en 200 ciudades, 120.000 profesores y 60.000 personas de Administración y Servicios (PAS).
El ministro de Universidades, Joan Subirats, afirmó que el texto plantea soluciones a los cambios y problemas surgidos en estos últimos 20 años, como la falta de financiación pública adecuada, el aumento de estudiantes y la falta de una tasa de reposición suficiente que permitiera renovar al profesorado. Asimismo, prepara al sistema universitario para «mirar hacia el futuro en temas de talento, empleabilidad e internacionalización».
Financiación e investigación
La nueva ley plantea el compromiso de un gasto mínimo del 1 % del PIB para la financiación del sistema universitario. La Ley Orgánica de Educación ya recoge un 5 % del PIB dedicado al sistema educativo en su conjunto y que la Ley de Ciencia, que ahora se tramita en el Congreso, también establece un porcentaje para investigación, concretamente del 1,25 %.
En relación con la investigación en el ámbito universitario, el ministro señaló que existe un buen nivel pero que debe mejorarse la transferencia de conocimientos, un aspecto que se refuerza en la norma.
Estabilidad del profesorado y carrera académica
El ministro anunció la incorporación de 25.000 profesores universitarios asociados como indefinidos antes de diciembre de 2024, como parte del compromiso del Gobierno con la lucha contra la temporalidad y la precariedad. Asimismo, se establecerá una carrera académica más clara, con solo tres etapas -acceso, estabilización y promoción- y más garantías para el personal docente e investigador. Otro objetivo es lograr un rejuvenecimiento de las plantillas y mejorar la estabilización del personal, ya que, dijo Subirats, «en ocho años el 53 % de profesores permanentes va a jubilarse mientras tenemos personas de 40 y 45 años en una situación relativamente precaria esperando estabilización”.
Formación a lo largo de la vida
La ley determina que la formación a lo largo de la vida sea una función básica de la universidad: «Claramente hemos superado esa fase en la cual la gente estudiaba un tiempo para luego trabajar de lo que había estudiado toda la vida; estamos en una etapa en la cual, si quieres seguir trabajando, tienes que estar formándote siempre», insistió el ministro.
El objetivo marcado por la Unión Europea es que en 2030 el 60 % de la población de 16 a 75 años realice alguna actividad formativa. Actualmente, un 30 % de la población europea ya lo hace, una media que se reduce al 15 % en España. Además, en nuestro país solo un 6 % de mayores de 30 años cursan estudios de grado o posgrado.
Internacionalización
En la ley habrá un apartado dedicado a internacionalización y movilidad, para acabar con la paradoja actual de que España sea el primer país europeo en recepción de estudiantes del programa europeo Erasmus pero solo tenga un 9% de estudiantes internacionales cursando estudios de grado y posgrado y un 2% de profesorado internacional. «Tenemos la necesidad de internacionalizar nuestro sistema y esta ley apunta a ello», concluyó el ministro.
Ayudas para adquirir libros de texto
Por otra parte, el Consejo de Ministros acordó la distribución de 58,5 millones de euros entre las comunidades autónomas para ayudar al alumnado de centros sostenidos con fondos públicos a adquirir libros de texto y materiales didácticos.
El objetivo es ayudar a las familias en la adquisición de libros de texto y de materiales didácticos en todo tipo de soportes -incluido el digital- , compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables y contribuir a que el sistema educativo garantice la equidad en la educación y la igualdad de derechos y oportunidades.
Para la distribución de los fondos, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, se ha tenido en cuenta la tasa de riesgo de pobreza por comunidad autónoma y el número de alumnos y alumnas matriculados en educación primaria y secundaria obligatoria en cada comunidad.
El crédito se destinará a la adquisición de estos materiales de los cursos de educación primaria y educación secundaria obligatoria del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos. Las comunidades autónomas también podrán destinar parte de dichos fondos para conceder ayudas en los cursos de Bachillerato y Formación Profesional.
