- La negativa a facilitar el contenido de los indicios clave vulnera los derechos de defensa y a la libertad personal
El Tribunal Constitucional, en sentencia de 23 de febrero de 2026, ha declarado que el investigado en un proceso penal tiene derecho a conocer el contenido de las pruebas esenciales que fundamentan su prisión provisional, incluso cuando la causa haya sido declarada secreta.
La Sala Primera concluye que la denegación de acceso a estos elementos vulnera el derecho de defensa y el derecho a la libertad personal, al impedir impugnar de forma efectiva la legalidad de la medida cautelar.
El secreto no excluye el derecho de acceso
El tribunal recuerda que el secreto de las actuaciones no puede servir para excluir el acceso a los elementos esenciales necesarios para recurrir la privación de libertad.
Este derecho, vinculado al de información y garantía de la igualdad de armas, permite al investigado conocer los fundamentos fácticos y jurídicos de la medida cautelar, y puede ejercerse antes, durante o después de la decisión sobre la prisión provisional.
Según el Constitucional, un acceso meramente formal o genérico —sin contenido suficiente o con información parcial— no satisface las exigencias del derecho de defensa.
En el caso analizado, la medida de prisión provisional se basó fundamentalmente en una conversación telefónica intervenida, de la que se infería la participación del investigado en varios delitos.
Sin embargo, pese a que esta prueba constituía el principal indicio incriminatorio, se denegó al investigado el acceso a la grabación o a su transcripción.
El tribunal subraya que, al tratarse del elemento determinante para justificar la privación de libertad, debía haberse facilitado su contenido para permitir una adecuada defensa.
La negativa judicial se apoyó en una justificación genérica basada en el riesgo para la investigación, sin valorar de forma individualizada si las diligencias solicitadas tenían carácter esencial.
El Constitucional considera que esta falta de motivación es incompatible con los derechos fundamentales en juego, especialmente cuando la información solicitada resulta decisiva para cuestionar la medida cautelar.
Vulneración de los derechos fundamentales
El tribunal concluye que la denegación de acceso a la prueba clave impidió al investigado impugnar eficazmente la prisión provisional, vulnerando tanto su derecho de defensa como su derecho a la libertad personal.
Por ello, estima el recurso de amparo y declara la nulidad de los autos dictados por el Juzgado Central de Instrucción que acordaron la prisión provisional, comunicada y sin fianza del recurrente.
