Práctica Jurídica

David Owen, profesor de Derecho de daños en la Universidad de Carolina del Sur (EEUU), comenta los problemas sociales derivados de la proliferación de...

The interpretation of the 4th Amendment's guarantee to freedom from unreasonable searches and seizures is particularly difficult in the DNA Age in which citizens...

Para incluir los datos de un deudor en un fichero de impagados se debe requerir al titular de los datos por parte del acreedor, recayendo en éste la carga de la prueba.

El Grupo de Trabajo sobre Derecho del Transporte de UNCITRAL acaba de aprobar el texto del Proyecto de Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo. Se trata de un nuevo intento por ofrecer una solución uniforme y global a la regulación de este sector, que durante el siglo XX no ha sido modélica. Pero no es un Proyecto inocuo pues, por un lado, incide directamente sobre intereses enfrentados en el tráfico marítimo. Y, por otro lado, asume una vocación de regulación del transporte multimodal no compartida por todos. En todo caso, el Proyecto abre un periodo de reflexión que esperamos de mejores frutos que los que se han visto hasta la fecha en este sector.

Se analiza la legislación y la jurisprudencia referente a la determinación del límite temporal en cuanto a la precisión de los créditos contra la masa por salarios.

Se estudian a la luz de la jurisprudencia los factores que operan para determinar el citado límite cuantitativo, precisando su significado y alcance.

En la sentencia Medellín v. Texas, dictada en marzo de 2008, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no son directamente vinculantes para las autoridades judiciales de los estados de la Unión. Esto significó negarse a conceder un recurso contra la condena a muerte de José Ernesto Medellin.

El autor sostiene que, en caso de interpretaciones jurisprudenciales divergentes entre el TC y el TEDH (de manera ostensible, en materia de reagrupación familiar y de contaminación acústica, sobre la base del derecho al respeto de la vida familiar y del domicilio -arts. 18 CE y 8 CEDH), el operador jurídico interno habrá de optar por la jurisprudencia del segundo, a tenor de las cláusulas de apertura internacional impuestas por la Constitución española (en especial, arts. 10.2 y 96.1).

Tras advertir que, en lo que concierne a España, los principales conflictos interpretativos de orden internacional pueden derivar de la acción paralela del TEDH y del TJUE, el autor mantiene que el operador jurídico habrá de hacer valer la jurisprudencia del TEDH si es más favorable, por imposición del propio ordenamiento jurídico de la UE. Pero ello es insuficiente, revelándose necesaria la adhesión de la UE al CEDH propugnada por el Tratado de Lisboa de 2007.