Práctica Jurídica

La propuesta Anticipada es aquella en la que la propuesta del deudor y la aceptación por los acreedores se realiza durante la fase común del concurso, sin necesidad de proceder a la apertura de la fase de convenio. Puede presentarse desde el mismo escrito de solicitud de ser declarado en concurso voluntario o desde la declaración de concurso necesario y hasta la finalización del plazo de comunicación de créditos (art. 104.1). Es decir, antes de que transcurra el mes siguiente a la última de las publicaciones obligatorias de la declaración del concurso recogidas en el art. 23 -BOE y diario de mayor circulación en la provincia. No es necesario que la resolución declaratoria del concurso sea firme, ya que ésta produce todos sus efectos desde su declaración (art. 21.2 LC). Lo que sí se exige es que el deudor no haya solicitado la liquidación o que, solicitada ésta, haya sido previamente revocada antes de la apertura de la fase de liquidación.

De conformidad a lo establecido en el art. 100.2 LC la propuesta podrá contener, además de la quita y/o espera, propuestas alternativas para todos los acreedores o para los de una o varias clases. Si bien el precepto enumera una serie de posibilidades -conversión de la deuda en acciones, participaciones, cuotas sociales o créditos participativos y la enajenación de determinados bienes o derechos afectos a la actividad profesional o empresarial o de determinadas unidades productivas-, dicha enumeración no es limitativa, por lo que es posible contemplar tantos otros supuestos como el deudor o los acreedores entiendan conveniente, siempre que no infrinjan las normas imperativas de la LC.

La Ley Concursal, a lo largo de todo su articulado, y ya desde la Exposición de Motivos, destaca la importancia de lograr el saneamiento de la sociedad en crisis y conseguir la continuidad de la misma como una de las finalidades primordiales del procedimiento concursal. Finalidad frente a la que se encuentra con igual o, probablemente, mayor importancia, la defensa de quienes resultan los grandes perjudicados en dichas situaciones, los acreedores. Por lo tanto, saneamiento y continuidad de la actividad empresarial sí, pero no a cualquier precio. Para ello, tanto la estructura del procedimiento, como las responsabilidades específicas que se contemplan en la Ley, dan a entender que el legislador pretende que se acuda al concurso cuando ello sea necesario, sin demoras o esperas que conviertan una situación transitoria en una irresoluble.

La autora comenta el reciente Informe de la Agencia Española de Protección de Datos referente a la aplicación de la legislación de protección de datos a empresarios individuales y "personas de contacto" tras la aprobación del nuevo Reglamento de desarrollo de la LOPD.

La STS 27-11-2007 plantea un futuro más que incierto para la salud jurídica de los consignatarios de buques españoles al considerarles en todo caso responsables de los daños a las mercancías transportadas en buques objeto de su consignación. La sentencia se equivoca tanto en su calificación jurídica de la realidad empresarial de este sector como en la propia interpretación de las normas vigentes aplicables a estos operadores. Y lo hace desde una perspectiva localista defensora de los intereses supuestamente más débiles, pero que está en contradicción con la propia naturaleza de las cosas y las exigencias inevitables de la globalización jurídica.

The 1st Amendment's guarantee of freedom of speech, preferred or odious, is being tested next month in a Federal District Court in one of the United States of America's most sensitive contexts: military sacrifice.

La fiducia sucesoria es la institución que permite entre los cónyuges y entre personas no casadas entre sí pero con descendencia común, la posibilidad de que uno de ellos encomiende al otro las facultades necesarias para disponer de los bienes de la herencia, una vez fallecido el testador, entre los hijos y descendientes comunes. La utilización de la fiducia sucesoria, regulada hoy por el Código Civil español, y ya conocida en los territorios forales o de derecho civil especial, tiene aún dificultades , tanto sustantivas como fiscales, para su utilización en el derecho español, no obstante sus indudables coincidencias con figuras como el trust anglosajón.

A partir de la supresión del Servicio Militar Obligatorio por la Ley Orgánica de Defensa Nacional 5/2005 de 17 de noviembre la necesidad de dar contenido al derecho y deber que los españoles tienen reconocido en el artículo 30 de la constitución de defender a España ha dado origen ha la figura del reservista como fórmula de asegurar la participación de todos los ciudadanos en la defensa nacional. Las leyes 8/2006 de 24 de abril de Tropa y Marinería y 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar regulan esta figura en sus tres modalidades de reservistas voluntarios, reservistas obligatorios y reservistas de especial disponibilidad.

A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, los miembros de la Guardia Civil pierden su condición de militares, que sólo recuperarán excepcionalmente en los supuestos en los que pasen a depender del Ministro de Defensa en cumplimiento de misiones de carácter militar o queden integrados en unidades militares.