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04/12/2022. 22:26:04

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CARLOS PUIG GÓMEZ DE LA BARCENA, JEFE DE DEPARTAMENTO / COMPLIANCE OFFICER EN GRUPO TRAGSA – SEPI

“Lo realmente importante es que exista voluntad empresarial de abolir las prácticas delictivas dentro de la actividad empresarial”

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“La actuación de jueces y fiscales está siendo impecable e implacable en la erradicación de estas prácticas corruptas”

El Grupo TRAGSA forma parte del conjunto de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las casi cuatro décadas de trabajo para las Administraciones Públicas sitúan a este grupo empresarial a la vanguardia de los sectores agrícolas, forestales, ganaderos y desarrollo, conservación y protección medioambiental. Legal Today ha querido hablar con su Compliance Officer, Carlos Puig Gómez de la Barcena, quien subraya la relevancia del cumplimiento normativo en el ámbito público.

Carlos Puig Gómez de la Bárcena

¿Qué papel desempeñan los Compliance Officer en el ámbito de las empresas públicas?

La figura del Compliance Officer es muy importante tanto en el sector público como en el privado, aunque lo realmente importante es que exista voluntad empresarial de abolir las prácticas delictivas dentro de la actividad empresarial. Si la Alta Dirección no está alineada con la cultura de cumplimiento y la prevención de los riesgos penales, la figura del Compliance Officer no tendrá mucho peso ya que sus recomendaciones no tendrán calado en la estrategia empresarial. Por el contrario, si la Alta Dirección expone su máximo rechazo a la comisión de ilícitos penales y vulneraciones del Código Ético en el seno de su organización, la prevención será mucho más efectiva, y por tanto, reducirá notablemente los riesgos económicos, financieros o reputaciones que pueda llegar a sufrir la empresa. En este sentido, desde TRAGSA hemos iniciado, con la estrecha colaboración de SEPI, las relaciones con el resto de los Compliance Officer de las empresas públicas dependientes de ésta, para alinear nuestros programas de cumplimiento aprovechando las sinergias que puedan ofrecer el hecho de pertenecer al sector público empresarial.

¿Cómo se articula y qué se quiere conseguir mediante la formación en esta materia dentro del Grupo TRAGSA?

Pretender una prevención efectiva sin dotar a la plantilla de la formación necesaria al respecto es una quimera. Aparte de que sea una exigencia de Fiscalía para considerar aceptable el programa de cumplimiento empresarial, entendemos básico que todo el personal se encuentre debidamente formado y conozca los riesgos personales y empresariales que conlleva una conducta delictiva en el ámbito empresarial, así como los medios que pone la organización a su disposición para prevenir, evitar y denunciar la comisión de estos posibles ilícitos. En este sentido, la formación está dirigida a todo el personal GRUPO TRAGSA desde presidencia hasta el último peón de obra. Para puestos de organigrama y mandos intermedios estoy dando personalmente la formación de manera presencial, recabando el feedback de los alumnos que me sirve enormemente para analizar el estado de los riesgos y  controles así como el grado de cumplimiento del programa, ya que me acerca a la realidad de la obra, en sus relaciones con proveedores y clientes. Para el resto de personal de la empresa estamos impartiendo formación e-learning para lo que hemos contado con la inestimable colaboración de Thomson Reuters y su programa de formación elaborado por Xavier Ribas.

¿Contar con un Código de Buenas Prácticas de la Administración y controlar la trazabilidad de todos los procesos de contratación pública son los ejes que vertebran el cumplimiento?

Desde luego son nuestros ejes vertebradores como empresa pública. Por un lado, tenemos el Código Ético de TRAGSA como la norma suprema de la organización, de la dependen todas las demás. Un compendio de principios, valores y buenas prácticas que todos debemos conocer, respetar y aplicar. En el otro lado, y también fundamental, está la Ley de Contratos del Sector Público. TRAGSA, como poder adjudicador está obligado al estricto cumplimiento de dicha norma, respetando los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, y teniendo claro en todo caso, que a los efectos penales, los empleados de TRAGSA tenemos consideración de funcionarios públicos al manejar dinero público en las contrataciones, con las consecuencias penales que puede llegar a tener dicha consideración.

¿Cómo debe ser un programa de Compliance orientado al sector público?

Lo cierto es que no es nada sencillo ya que, al ser TRAGSA medio propio instrumental de las administraciones públicas, nuestro cliente es a la vez accionista principal de la empresa lo que beneficia en la mayoría de los casos, pero también debilita nuestra posición en algunas situaciones. Por tanto, la situación de TRAGSA en el mercado es diferente a cualquier otra empresa, ya que nuestros precios y tarifas están fijados por ley, no actuamos en régimen de competencia, no es preciso el marketing y publicidad de nuestros servicios ya que las administraciones conocen perfectamente nuestro compromiso y buen hacer, por lo que entendemos que los tres pilares fundamentales son: la formación, la prevención y las relaciones con las administraciones y proveedores.

¿Considera que el sector público debe ser punta de lanza y sobre él han de reflejarse el resto de organismos de diversos ámbitos?

Entendemos que es fundamental y altamente necesario que desde el sector público, tanto administraciones como empresas públicas demos muestras de ejemplaridad en la lucha contra la corrupción. Todos los casos que aparecen diariamente en los medios desprestigian las instituciones, pero a su vez arrojan un mensaje de lucha activa y tolerancia cero contra este tipo de prácticas, que lamentablemente, se ha perseguido con cierta laxitud en épocas pasadas.

La actuación de jueces y fiscales está siendo impecable e implacable en la erradicación de estas prácticas corruptas. Asimismo el Parlamento allá por 2010, fue muy valiente a la hora de legislar la modificación del Código Penal, en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, adoptando sistemas propios del derecho anglosajón, como es la cultura de compliance, muy alejados del derecho penal continental.

Como muestra de dicha ejemplaridad, las empresas del GRUPO SEPI cuentan con sistemas de prevención de riesgos penales, y en concreto TRAGSA desde hace algunos años dispone de un sistema de compliance muy completo. Y es que las administraciones y el sector público empresarial son las encargadas de revertir la percepción en el ciudadano del uso de las instituciones para beneficio personal haciendo una gestión efectiva sin mácula del dinero público. Para ello son fundamentales los sistemas de compliance, ya que si desde el entorno empresarial se neutralizan este tipo de comportamientos, junto con una conciencia pública de cumplimiento de la legalidad y una firme actuación judicial, se podrá reconducir una situación, que en España está siendo realmente preocupante.

¿En qué fase se encuentra la llamada cultura ética y de cumplimiento normativo?

Desgraciadamente se encuentra aún en una fase muy inicial, ya que a excepción de sectores regulados como banca o farma, llevamos muy poquito tiempo dando importancia al compliance penal. Lo que es indudable es que ha venido para quedarse, y esperemos que empiece a dar sus frutos cuanto antes. El proceso será lento, pero no me cabe la menor duda que será efectivo. Al igual que los planes de prevención de riesgos laborales han hecho que disminuya notablemente la siniestralidad laboral, confiamos plenamente en que los programas de compliance reduzcan considerablemente la comisión de ilícitos penales en el marco empresarial, administrativo y político.

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