El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario reconocerá el derecho de los estudiantes con discapacidad a adaptarles la formación a sus necesidades específicas, «respetándose la autonomía universitaria en términos de cómo se organiza la actividad docente y los servicios universitarios para que estos derechos sean efectivos».
Así lo señala el Proyecto de Real Decreto, que ha estado en periodo de consulta pública hasta el 15 de abril. «A mí me ha sorprendido que no estuviera en ninguna norma (…) que es un derecho del estudiante con discapacidad que la universidad adapte sus planes de estudio«, indicó la pasada semana el secretario de Universidades, Francisco García Pascual, en el acto de presentación de la publicación ‘Universidad 2026’.
García Pascual ha recalcado, además, que alrededor del «5%» de estudiantes de Bachiller tienen reconocida oficialmente la dislexia, mientras que en la universidad el porcentaje es de «0,0%». Igualmente, ha resaltado que la norma ha sido pactada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y que «lo que tiene que ver con los estudiantes ha sido pactado con ellos».
«En las comisiones han participado profesores y profesoras, vicerectores y vicerectoras, y estudiantes de universidades públicas y privadas«, ha puesto en valor.
Esta nueva norma pretende sustituir al Estatuto vigente aprobado en 2010. La futura norma también pretende consolidar el derecho subjetivo del estudiantado a beca o ayuda pública, conforme a normativa vigente y a los requisitos de la misma, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios.
Asimismo, pretende mejorar las garantías de calidad en las prácticas académicas externas y la movilidad nacional e internacional del estudiantado; así como reconocer como un derecho del estudiantado el facilitar la compatibilidad de estudios con la actividad laboral, respetando la autonomía universitaria.
Igualmente, persigue reforzar derechos individuales y colectivos del estudiantado, entre ellos el de orientación académica y sociolaboral, así como garantizar que el estudiante reciba una docencia y formación de calidad, independientemente del tipo de universidad, su localización o modalidad.
Por último, el proyecto de Real Decreto también pretende reforzar los mecanismos de participación del estudiantado, avanzar hacia una docencia más individualizada y un sistema de evaluación como instrumento de seguimiento del aprendizaje, así como regular el funcionamiento del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.
