Los derechos de ciudadanía en el siglo XXI pasan ineludiblemente por el fortalecimiento de la protección jurídica de los consumidores. La globalización de la economía exige plantear -como estrategia de respuesta- la protección jurídica de los consumidores desde una perspectiva igualmente global, permitiéndoles desempeñar un papel de hondo calado en el desarrollo económico de las sociedades modernas.
Para que esto pueda convertirse en realidad es esencial que los distintos sistemas jurídicos de los estados nacionales sean capaces de dotarse de eficientes instrumentos legislativos contrastados y armonizados internacionalmente, en los que encuentren acomodo -en todos los sentidos del término- voluntades políticas inequívocamente tendentes a reconocer y desarrollar con carácter universal los derechos básicos de los consumidores y usuarios, capacitándoles para ejercitar sus derechos, y protegiéndoles con las más modernas técnicas de derecho patrimonial.