El Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, un anteproyecto de ley que permitirá el reconocimiento mutuo automático de las resoluciones de decomiso impuestas por los jueces de cualquier Estado miembro de la Unión Europea (UE).
Este anteproyecto se acompaña de otro que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para contemplar la nueva competencia de los jueces de lo penal, según informó hoy el Ejecutivo. La futura ley, que se enmarca en la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, se constituirá en un instrumento contra la delincuencia organizada.
El objetivo principal de esta medida es evitar que ésta obtenga beneficios económicos de su actividad ilegal, confiscando los efectos provenientes de la comisión de una infracción penal, así como los instrumentos utilizados para ello y cualquier otro que, de acuerdo con la normativa vigente, pueda ser objeto de decomiso.
Mediante esta norma se incorpora al derecho español la decisión marco 2006/783/JAI del Consejo de Ministros de la UE. Además, supone la continuidad de otras importantes Decisiones comunitarias, como son la orden de detención europea (conocida como OEDE), la referente a la ejecución de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas y la de aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias.
RESOLUCIONES DE DECOMISO
El reconocimiento mutuo entre los países de la UE se refiere a las resoluciones de decomiso, tal y como se configuran en nuestro Código Penal, y en la decisión marco 2005/212/JAI, del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativo al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con este delito.
En este sentido, el decomiso podrá alcanzar a los bienes que provengan de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada durante un período anterior a su sentencia y a aquellos respecto de los cuales la autoridad judicial nacional esté plenamente convencida de su procedencia delictiva por la desproporción entre sus ingresos y sus bienes.
De este modo, se garantiza que cualquier Estado miembro reconozca y ejecute en su propio territorio aquella resolución judicial firme emitida por la autoridad competente de otro Estado miembro que vaya dirigida a la privación de determinados bienes como consecuencia del proceso penal desarrollado en ese Estado.
Para ello, la regulación que se establece se basa en el reconocimiento del principio de no sujeción al control de la doble tipificación y, por tanto, del reconocimiento y ejecución automático de la resolución de decomiso en relación con un conjunto determinado de delitos.
Con este fin, la norma prevé un catálogo de delitos para los que no se exige la doble incriminación, siempre que la pena impuesta en el proceso penal sea de al menos tres años en el Estado de emisión.
En estos casos, los jueces de lo penal, como autoridades judiciales españolas competentes para su ejecución en nuestro país, procederán al reconocimiento automático de la decisión adoptada por la autoridad judicial competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo cuando concurra alguno de los motivos tasados de denegación del reconocimiento y la ejecución. Fuera de ese catálogo de delitos, la doble incriminación sí puede ser exigida para el reconocimiento y la ejecución de la resolución.
