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26/11/2022. 12:57:39

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El TC se queja por escrito a Zapatero de las críticas de Conde-Pumpido a la sentencia de ‘Los Albertos’

EP

El Pleno del Tribunal Constitucional se dirigió ayer por escrito al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para "comunicar su rechazo" a las manifestaciones públicas realizadas el pasado jueves por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en las que éste criticó duramente la sentencia por la que resultaron absueltos los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer.

En dichas declaraciones, Conde-Pumpido manifestó su discrepancia "total, radical y profunda" con la sentencia que exoneró a 'Los Albertos' de la condena por un delito de estafa en el 'caso Urbanor', al considerar que sus delitos habían prescrito antes de que la acción penal se dirigiera contra ellos.

La misiva, cuyo contenido se acordó en una reunión de los doce magistrados que componen el Pleno del Tribunal Constitucional, se ha remitido a la Presidencia del Gobierno sin enviar copia a la Fiscalía General, que tampoco ha recibido anteriormente ningún tipo de escrito de queja referente a las manifestaciones de Conde-Pumpido ante los medios de comunicación.

Por el momento no ha trascendido el contenido del escrito, aunque fuentes jurídicas han reconocido el malestar que causaron en el alto tribunal las palabras de Conde-Pumpido a los medios de comunicación sobre la mencionada sentencia. El documento se habría dirigido a la Presidencia del Gobierno por ser el órgano responsable del nombramiento del fiscal general del Estado.

La resolución dictada el pasado día 20 por el Tribunal Constitucional implica un cambio doctrinal sobre la aplicación los plazos de prescripción de los delitos con respecto a la mantenida hasta este momento del Tribunal Supremo, lo que también ha provocado un enfrentamiento institucional entre ambos tribunales.

De hecho, el pasado martes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo afirmó mediante un acuerdo adoptado en Sala General que el Constitucional se había excedido en su jurisdicción al cambiar la doctrina de la prescripción, al basarse en una interpretación de la tutela judicial efectiva que vulnera el artículo 123 de la Constitución española. Dicho artículo es el que dota al Tribunal Supremo de supremacía en la interpretación de las leyes.

En sus manifestaciones públicas del pasado jueves, Conde-Pumpido llegó a señalar que la resolución del Tribunal Constitucional  "permite a los acusados quedarse con el dinero de la estafa" y calificó de "muy preocupante" que "se le da la vuelta a la tutela judicial efectiva, que es un derecho que debería proteger a las víctimas de la estafa".

El enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y el Constitucional a cuenta de la doctrina de la prescripción se remite a mayo de 2005, cuando fue hecha pública una sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2005 que modificaba por primera vez la doctrina sobre prescripción de los delitos.

La sentencia cuestionada en dicho momento, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, establecía una nueva norma por la que la interposición de una denuncia o querella no es elemento suficiente para considerar interrumpido el plazo de prescripción, al ser requerida alguna intervención judicial al respecto. Esta postura jurisprudencial choca frontalmente con la mantenida hasta ahora por el Supremo.

No obstante, las dos Salas del Tribunal Constitucional difieren en su interpretación jurisprudencial sobre los plazos de prescripción, tal y como se evidencia en un auto de mayo de 2005 en el que la Sala Primera, bajo la dirección de la propia presidenta de este órgano, María Emilia Casas, afirma que "lo atinente a la prescripción es una cuestión de legalidad ordinaria que, por lo general, no alcanza relevancia constitucional, dado que es a los tribunales ordinarios a los que corresponde interpretar el modo de computar los plazos establecidos en las Leyes".

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