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29/11/2022. 22:52:48

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La transnacional agrícola, acusada de financiar el terrorismo

Juicio contra Chiquita por muertes en Colombia

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"La Justicia americana investiga pagos realizados a grupos terroristas en territorio colombiano" "La empresa señala que buscaba protección para sus empleados y sus familias"

La empresa transnacional Chiquita Brands International Inc., verdadero coloso del mundo agrícola, ha sido demandada por los familiares de los misioneros estadounidenses asesinados en territorio colombiano. Los demandantes acusan a dicha compañía de haber prestado apoyo financiero a las bandas armadas responsables de la muerte de sus parientes.

La acción fue iniciada ante un tribunal federal del Distrito Sur de la Florida. Este proceso es uno más de los incidentes judiciales que la empresa tiene que afrontar desde que admitiera haber pagado a grupos armados del país sudamericano a cambio de protección para sus entidades subsidiarias que operan en diversas zonas de Colombia. Para Ed Loyd, portavoz de la empresa, los "pagos realizados obedecieron al único afán de proteger a los empleados y sus familiares del continuo acoso de grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)". De hecho, a comienzos de los noventa, Chiquita realizó desembolsos en favor de los guerrilleros guevaristas. Poco después, las FARC fueron expulsadas de esos territorios por las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, colectivo paramilitar de extrema derecha que pronto exigió contribuciones similares.

Los grupos que recibieron el dinero están registrados en el catálogo de organizaciones terroristas del Departamento de Estado americano. Ello permite que el proceder de Chiquita sea considerado ilegal bajo el ordenamiento estadounidense. Hace menos de un año, la transnacional negoció el pago de una multa de 25 millones de dólares para que concluyese la investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia.

Según la demanda, los misioneros evangelistas fueron secuestrados por las FARC en 1993. Se presume que fueron asesinados luego de que los responsables del movimiento religioso que patrocinaban no pagaron el rescate dentro del plazo impuesto por los guerrilleros. La mayoría de los misioneros afectados y sus familiares residen en Florida.

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