El abogado de la inmobiliaria Contsa, en suspensión de pagos que afecta a unos 1.500 inversores, ha planteado al juzgado una posible inconstitucionalidad del concurso de acreedores, que es tramitado como necesario -a petición de un acreedor- en lugar de voluntario -a petición de la empresa-.
Fuentes del caso han dicho a Efe que la inmobiliaria pretende, en base a un artículo de la Ley Concursal de 2003, que el concurso sea calificado como voluntario al haber sido presentado por el propietario de la empresa el pasado 11 de febrero, aunque lo hizo casi un mes después de la petición de un acreedor el 15 de enero, que fue la que abrió la juez de lo Mercantil de Sevilla.
Las fuentes han añadido que la juez de lo Mercantil debe valorar la petición y, en caso de encontrar visos de verosimilitud, elevar de oficio la cuestión al Tribunal Constitucional, que tardará al menos un año en resolver.
Los letrados que representan a los pequeños ahorradores afectados han indicado a Efe que ven la petición como una "maniobra dilatoria y para evitar que se produzcan embargos preventivos" de bienes de la empresa o la familia del dueño, José Salas Burzón.
En cambio, la cuestión de inconstitucionalidad no detiene la labor de los tres administradores judiciales, que posiblemente presentarán ante de agosto su informe al juzgado sobre la situación real de la compañía, según las fuentes.
La petición se ha producido cuando el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla acumula ya 36 tomos de actuaciones con 1.500 acreedores, más del doble de los 609 reconocidos por la empresa, según fuentes judiciales.
Frente a las deudas de 49.399.202 euros reconocidos por Contsa, las citadas fuentes de los inversores la han cifrado en 100 millones de euros.
Junto a esta vía mercantil, el juzgado de instrucción 17 de Sevilla mantiene abierta una causa penal por presuntos delitos de estafa y apropiación en la captación de pequeños ahorradores, dentro de la cual el próximo 3 de julio declarará, por segunda vez, el dueño de la inmobiliaria.
Además, declararán como testigos el denunciante M.L·L. y su esposa, que entregaron a Contsa 484.000 euros aunque la empresa solo les reconoce deudas de 60.000 euros.
En contra de lo afirmado por los denunciantes, Salas Burzón, en su primera comparecencia ante la juez, realizada el pasado 7 de marzo, negó haber seguido captando dinero una vez que tuvo las primeras noticias de problemas económicos, en noviembre de 2007.
También aseguró que desconocía las cuestiones de contabilidad, que eran responsabilidad de su hermano, fallecido el 7 de febrero de 2008 por suicidio.
En su declaración, Salas atribuyó los problemas económicos de su empresa a la "crisis del ladrillo" y aseguró que a partir del 20 de noviembre de 2007, cuando tuvo noticia de los primeros problemas, dio orden de que se dejase de captar nuevas inversiones.
